El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que autorizó una serie de reuniones de “alto nivel” con funcionarios de Estados Unidos, según él, a solicitud de ese país. En tanto, el vicefiscal general señaló que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara una emboscada contra la fiscal Luisa Ortega, al admitir un procedimiento solicitado por el oficialismo para destituirla del cargo.
Maduro aseguró durante un consejo de ministros que “estamos (...) listos para dialogar con todo el que haya que dialogar, inclusive con el gobierno de Estados Unidos. Han pedido unas reuniones importantes, de muy alto nivel, no las voy a develar ni a informar todavía, y yo aprobé” esos encuentros.
“¿Por qué no vamos a dialogar? Claro que tenemos que dialogar”, añadió el mandatario socialista, quien enfrenta una creciente presión de Washington ante la crisis política y económica del país petrolero.
Maduro, quien no ofreció detalles sobre los motivos de esas conversaciones, ha acusado a Estados Unidos de financiar una ola de protestas opositoras en su contra, que han dejado 74 muertos desde el pasado 1 de abril.
También ha rechazado que la administración Trump —a la que tilda de “extremista”— haya incluido al vicepresidente Tareck El Aissami en su lista de narcotraficantes y haya impuesto sanciones económicas el 19 de mayo a ocho magistrados del máximo tribunal venezolano, acusado de servir al gobierno.
“Si el presidente Donald Trump lograra visualizar con un halo de luz (...) la verdad de Venezuela, yo incluso podría dialogar con él algún día. Con eso digo todo, para que ustedes vean nuestro corazón dónde está y cómo late de buenas intenciones y buena voluntad”, afirmó el mandatario venezolano en transmisión televisiva.
Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010, por lo que el díalogo podría significar una nueva etapa en la relación bilateral. Maduro reiteró que un grupo de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —que no precisó— fueron invitados a Venezuela “para ver si se inician diálogos con la oposición”, aunque reconoció que “no es fácil”.
En tanto, el vicefiscal de venezuela, Rafael González, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia prepara una emboscada contra la fiscal general, Luisa Ortega, ya que admitió un antejuicio de mérito contra ella, pero no señaló el día en que comenzaría, lo que confirma la inseguridad jurídica que existe en el país.
“Eso es inseguridad jurídica, porque el derecho a la defensa requiere contar con el tiempo suficiente para prepararse y tener seguridad para acudir al órgano jurisdiccional y eso lo han dejado en el limbo”, dijo en una entrevista con el canal privado Televén.
Indicó que la inseguridad se manifiesta en el hecho de que sólo la Asamblea Nacional (Congreso), que tiene mayoría opositora, puede destituir a Ortega del cargo y el TSJ pretende asumir esa facultad.
La fiscal, quien acompañó en su gestión la línea oficial, ahora es calificada de “traidora” porque introdujo recursos ante el TSJ en los que se opuso a que Maduro convocara a instalar la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna sin hacer un referéndum previo como se indica en la Constitución.
Mientras tanto, cientos de opositores venezolanos realizaron ayer una movilización denominada “Marcha nocturna”, hasta la sede de la OEA en Caracas, en homenaje a las víctimas de las protestas en el país y en coincidencia con la Asamblea General del organismo que se lleva a cabo en México.
La movilización que comenzó a las 17:30 hora local y también tuvo como fin pedirle al presidente que detenga “la violencia”. En la sede de la OEA, los opositores hicieron un llamado a los países miembros de del organismo a que no sean "cómplices" del gobierno venezolano.