El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, firmó ayer un memorándum que revoca un plan del ex presidente Barack Obama para frenar la deportación de algunos inmigrantes indocumentados que son padres de niños residentes permanentes legales, señaló el departamento en un comunicado.
El programa, que fue anunciado por Obama en 2014, nunca entró en vigor porque fue bloqueado por un tribunal federal. Obama esperaba incluir en su legado presidencial una reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos y resolver la situación de unos 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha prometido tomar dudas medidas contra los inmigrantes indocumentados.
El plan presentado por Obama pretendía permitir que cerca de 4 millones de personas —quienes han vivido ilegalmente en Estados Unidos al menos desde 2010, no tienen antecedentes criminales y tienen hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales del país— ingresaran a un programa que los protegiera de la deportación y les brindara permisos de trabajo.
Sin embargo, el plan enfrentó recursos judiciales de Texas y otros 25 estados que sostienen que Obama excedió los poderes que le otorgaba la Constitución de Estados Unidos al vulnerar la autoridad del Congreso.
Una corte de apelaciones federal bloqueó el programa y la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el fallo permaneciera vigente en una decisión dividida 4-4 el año pasado. Kelly dijo ayer en un comunicado que revocaría la iniciativa, conocida como Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes (DAPA, por su sigla en inglés), debido a que “no hay un camino creíble para litigar la política ordenada”.
Según un estudio del Migration Policy Institute, unos 3.6 millones de indocumentados podrían haberse beneficiado por el programa DAPA.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que justo ayer cumplió cinco años de haber sido anunciado, ofrece la oportunidad de asistir a la escuela y de trabajar a unos 750 mil inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal como niños.
Tras prometer, durante su campaña por la presidencia, que expulsaría a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos, Trump ordenó, ya en la Casa Blanca, aumentar la seguridad fronteriza e intensificar las redadas de indocumentados, especialmente de aquellos que pertenecen a bandas criminales o tienen delitos pendientes, luego de prometer durante su campaña.
No obstante, la mayor intensidad de las redadas ha afectado también a inmigrantes indocumentados sin antecedentes y con trabajos y que pagan impuestos. Aunque Trump aseguró que los dreamers no serían prioridad, en abril el fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, dijo “no podemos prometer que gente que está ilegalmente aquí no vaya a ser deportada”.
Algunos casos de dreamers expulsados por haber supuestamente infringido las condiciones de su estatus han despertado la alarma.
Apenas el pasado día 12, una corte federal en Georgia emitió una orden judicial preliminar , que bloquea la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos despoje a la inmigrante mexicana Jessica Colotl de su permiso de residencia y trabajo, bajo el programa DACA. Su caso se volvió emblemático de las posiciones que tanto el gobierno de Trump como las cortes asumirían en torno a los dreamers.
La administración revocó arbitrariamente el estatus de Colotl bajo el argumento de que ella tenía una condena por un delito grave, aunque más tarde admitió que la mexicana no contaba con tal antecedente criminal.
Del total de dreamers en Estados Unidos, cerca de 600 mil son mexicanos. Un estudio del Instituto Cato sostiene que echar del país a los dreamers costaría 60 mil millones de dólares al gobierno federal estadounidense y que la economía nacional vería reducido su crecimiento en unos 280 mil millones durante la próxima década.