En vísperas de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el secretario general del organismo, Luis Almagro, habla en entrevista con EL UNIVERSAL sobre la democracia y el desarrollo, los temas eje del encuentro regional que tendrá lugar del 19 al 21 de junio en Cancún, pero también critica la valla que pretende construir el presidente estadounidense Donald Trump en la frontera con México y que, dice, es un “muro con América Latina”.
“Cuando construimos democracia a la vez estamos construyendo la institucionalidad que nos permite mejores condiciones de desarrollo”, afirma Almagro. En torno al asesinato de periodistas en México, advierte que “no se puede perder una vida más” y señala que las amenazas que sufre el gremio “son un imperativo, al que deben responder los sistemas políticos y, especialmente en el caso de asesinatos de periodistas en México, el sistema político mexicano”.
Latinoamérica atraviesa por un cierto desencanto con la democracia, estancamiento en las últimas tres décadas, retrocesos en algunos casos, malestar social en varios países…
—Enfrentamos problemas que tienen que ver con malas prácticas del pasado, es necesario fortalecer la institucionalidad para erradicarlas y generar soluciones políticas que los sistemas democráticos de la región necesitan, algunas de ellas tienen que ver con corrupción. Esa es una enfermedad bacteriológica que afecta nuestros sistemas democráticos y que genera los retrocesos más importantes en la institucionalidad. Corrupción e impunidad tienen distintos niveles según los países.
Ahí está el caso de Odebrecht que se mantuvo encubierto por años en Brasil. Pero hoy las sociedades ya no tienen tolerancia; se inician denuncias, acusaciones y juicios.
Otro grave problema que menoscaba la democracia es la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico que son un grave problema de inseguridad en muchos de nuestros países. Un problema político es el financiamiento ilegal de los partidos políticos, se requieren controles más estrictos, monitoreos, penas severas para los políticos que actúen fuera de la legalidad.
Un tema mayor es el de la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades…
—Somos el continente más desigual en el mundo, más que África subsahariana y más que el sudeste asiático. Cuando no todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones de participación, cuando esa desigualdad no sólo tiene que ver con la disminución de los ingresos, sino con el acceso a derechos y con la discriminación, vulneran los derechos humanos, generan condiciones difíciles para la participación ciudadana y generan disfuncionalidades en la democracia que terminan afectando el pleno ejercicio de la misma.
Un grave problema es el de la violencia del crimen organizado y la creciente inseguridad. El reciente asesinato en México de Javier Valdez levantó la condena unánime. Periódicos, radiodifusoras, televisoras se unieron con un “¡Basta ya!” en defensa de la libertad de expresión.
—Es una situación muy seria, es una situación crítica. Tienen que garantizarse las mejores condiciones de seguridad para que no se vean afectados los periodistas al realizar su trabajo. Es una responsabilidad del Estado. El ataque a los periodistas, provenga del crimen organizado, del narcotráfico o del sistema político, tiene que ser condenado. Nosotros, la OEA lo ha hecho. No se puede perder una vida más. Se trata de una violencia que también trasciende fronteras porque hay periodistas asesinados en otras partes de la región, hay activistas sociales, activistas de derechos humanos, activistas de medio ambiente que son asesinados en diversos países del continente.
Entonces, hay que asegurar sus condiciones de trabajo, hacer de su causa, nuestra causa y transformar la dimensión social en la que trabajan. Tener en cuenta muy claramente las amenazas que sufren, es absolutamente un imperativo, al que deben responder los sistemas políticos y, especialmente en el caso de asesinatos de periodistas en México, el sistema político mexicano.
Hace unos días la OEA abordó en un foro el tema de la migración hacia Estados Unidos, se pronunció a favor de que se reconozcan los derechos humanos de los migrantes.
—El tema de los derechos humanos de los migrantes es un imperativo jurídico, internacional, ético para cada uno de los países de la región. Los migrantes sufren el despojo de sus derechos de una manera mucho más grave, mucho más avasallante, que los ciudadanos de los países donde están radicados. Es un imperativo al que estamos comprometidos, defender a los migrantes, denunciar violaciones a sus derechos humanos, a los procedimientos que no se ajustan a la juridicidad que debieran tener en estos casos.
Debemos fortalecer las condiciones que impidan los discursos de odio en una sociedad en el continente. El discurso de odio genera animosidad, genera conflicto, exacerba el conflicto entre los integrantes de una sociedad. Ese no es el camino. La OEA se ha pronunciado claramente al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho de una forma muy drástica, en defensa de los migrantes.
Otro asunto relevante es el muro que se pretende construir entre Estados Unidos y México.
—Nosotros nos pronunciamos al respecto señalando que la construcción de un muro entre Estados Unidos y México es un muro entre Estados Unidos y América Latina. Hemos sido absolutamente claros al respecto. La idea del muro, lamentablemente, no es actual, es un proyecto que ha avanzado en la construcción durante tres administraciones, de 650 millas y que cuesta la vida a 500 migrantes al año.
En 2006, 28 países se pronunciaron contra ese muro. Y esa declaración tiene completa vigencia.
Migración y muro en la frontera, ¿estos temas tendrán algún espacio en las deliberaciones y declaraciones de la Asamblea General de la OEA en Cancún?
—Sí, definitivamente. Estos temas son esenciales para el funcionamiento de los cuatro pilares de la OEA, así está organizada la agenda de la Asamblea General que tiene un conversatorio por cada uno de los pilares: democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad multidimensional. La migración es un tema que atraviesa todas estas variables, atraviesa cada uno de los pilares de la organización y, por tanto, es muy probable que aparezca en cada uno de los conversatorios.
La pasada reunión del Consejo de Ministros de la OEA, el 31 de mayo, dejó pendiente los acuerdos en torno al tema de Venezuela, ¿se abordará en la Asamblea General?
—Se abordará en la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y tendrá como marco la 47 Asamblea General, pero no será parte de la agenda. Es importante para los 34 países de la OEA, Venezuela ha comprometido su participación en la Reunión del Consejo de Ministros.
La discusión sobre la crisis en Venezuela continuará durante la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en Cancún.
—Es muy importante la presencia de los 34 países de la OEA en la Reunión de Ministros, incluyendo a Venezuela, como se ha comprometido. Es muy importante porque las soluciones se hacen cada vez más urgentes, porque el pueblo venezolano necesita paz y necesita democracia.
La comunidad internacional, conforme a los principios que decimos defender en la Carta Democrática Interamericana, tenemos una responsabilidad de actuación al respecto, un compromiso con el pueblo de Venezuela que hoy sufre una guerra civil desatada, en que las fuerzas de la represión del gobierno contra manifestantes desarmados arroja una cifra de muertos que llega a aproximadamente 70, con detenciones arbitrarias, con heridos, con personas torturadas.
Tenemos una responsabilidad de actuar en defensa y conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana. Un compromiso con el pueblo de Venezuela. La carta es muy clara, al señalar que la democracia es un derecho de los pueblos. Ese derecho debe ser reconocido, apoyado y respetado.
El último considerando de la Carta nos da responsabilidades a todos los países para resolver aquellos problemas de los pueblos cuando se ven afectados por situaciones de dictadura.
Un asunto que vulnera la democracia es la corrupción. El presidente Michel Temer, de Brasil, está siendo investigado por corrupción y obstrucción de la justicia. ¿Cómo se ve este asunto desde la OEA?
—Cuando las instituciones funcionan, cuando el Poder Judicial tiene absoluta independencia para juzgar un caso de corrupción, cuando los fiscales tienen absoluta autonomía para realizar denuncias y llevar adelante las acusaciones de corrupción, entonces lo que tenemos que hacer es dejar que la institucionalidad funcione y que resuelva las cosas. Cuando funciona un Poder Legislativo independiente que mantiene para sí instrumentos fundamentales que no son políticos. Cuando los parlamentos se han reservado esa posibilidad y ese derecho al juicio político, dejamos que las instituciones sigan funcionando, sigan su camino.