La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió ayer que se les retire la inmunidad a ocho jueces del Tribunal Supremo para poder procesarlos por el supuesto delito de conspiración contra el orden republicano, con lo que escaló su enfrentamiento con el gobierno y la máxima corte.
Ortega Díaz solicitó un “antejuicio de mérito” contra los seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional para enjuiciarlos por presunta “conspiración contra la forma republicana” de Venezuela.
En el último un año y medio la Sala Constitucional ha tomado más de medio centenar de decisiones contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se ha convertido en el principal bastión del gobierno en su enfrentamiento con el Legislativo. La corte también ha dado entrada a la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
La fiscal general alegó que las sentencias de marzo de la Sala Constitucional, cuando asumió las competencias del Congreso y limitó la inmunidad de los parlamentarios, fueron de tal impacto y magnitud que representaron una ruptura del orden constitucional. “Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, declaró ante la prensa.
Precisamente fueron esos dos fallos, luego revertidos, los que desataron la ola de protestas que han dejado al menos 67 muertos, más de mil 300 heridos y cientos de detenidos.
“Corre peligro la paz y la ciudadanía... Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala”, indicó la fiscal al anunciar que pidió la separación temporal de los ocho jueces mientras se resuelve su petición.
La legislación venezolana establece que para iniciar un proceso penal contra un miembro del Tribunal Supremo es necesario que el pleno del máximo tribunal determine si hay méritos o no para enjuiciarlo.
El jurista y académico José Ignacio Hernández explicó a The Associated Press que, teniendo en cuenta anteriores decisiones del máximo tribunal, lo más probable es que la solicitud de la fiscal general sea rechazada.
Al respecto, el vicepresidente Tareck El Assami llamó “indigna” a la fiscal y dijo que de haber sido más diligente en sus funciones “le hubiese evitado al país muertes y violencia”.
Por su parte, la bancada chavista en el Parlamento pidió a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal, alegando que está fuera de sus cabales y debe ser destituida.
“Pido conformar una junta médica, que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se evidencia que esta señora no está en sus cabales”, dijo ayer a la prensa el legislador Pedro Carreño, tras presentar la solicitud.
Consideró que un equipo de peritos y sicólogos debe determinar la “insania mental” de Ortega Díaz.
“Ella perdió la autoridad moral, dejó de ser la fiscal de la República y se convirtió en vocera de la derecha al servicio del terrorismo”, añadió Carreño.
El diputado había anunciado la solicitud de evaluación médica la semana pasada y recomendó incluso la “reclusión” de la funcionaria porque podría llevar a Venezuela a “una guerra civil”.
Sin embargo, un proceso de ese tipo para funcionarios no está previsto en la ley venezolana y en todo caso el Parlamento —de amplia mayoría opositora— es el único órgano facultado para destituir a la fiscal, explicó la ex magistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol.
Hasta hace unos meses la fiscal era identificada con el oficialismo, pero en marzo inició un progresivo distanciamiento del gobierno al cuestionar las sentencias del Tribunal Supremo contra el Congreso y denunciar una “ruptura del orden constitucional”.
En tanto, el gobierno de Venezuela solicitó al papa Francisco, a través de la nunciatura apostólica del país, que sea intermediario con la oposición para mantener a los niños y adolescentes “al margen” de las manifestaciones.
El ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, fue uno de los encargados de llevar el mensaje y dijo que fue atendido “muy amablemente” por el nuncio apostólico y que la comisión, conformada por varios funcionarios chavistas, hizo entrega de la misiva de parte del presidente, Nicolás Maduro.
Hizo mención del caso del joven Neomar Lander, de 17 años, quien murió en una protesta el 7 de junio por una herida en el pecho que, según el gobierno, fue producida por un explosivo casero. “Hacemos votos porque los sectores racionales de la oposición entiendan la necesidad de apartar los niños y adolescentes de estos hechos de violencia”, agregó Villegas.