El gobierno de Donald Trump anunció la fecha tentativa para el inicio de la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México: la primavera del año 2018. La jefa interina de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, detalló en una audiencia en la Cámara de Representantes que “estamos trabajando diligentemente para que, si recibimos los fondos, estemos preparados para empezar en marzo o abril de 2018” el levantamiento de la valla prometida por el presidente estadounidense.
Eso, siempre que se consigan los fondos solicitados, motivo por el que precisamente se encontraba en el Congreso. La Casa Blanca ha solicitado para el próximo año un total de mil 600 millones de dólares para costear la primera fase de la construcción, y los funcionarios del gobierno están tratando de convencer a los congresistas de la necesidad de otorgar esa cantidad.
Provost reiteró en más de una ocasión que el sector del valle del Río Grande (Texas) y San Diego (California) son la “prioridad” para el próximo año.
La primera es una zona “explotada por actores malignos en el último par de años” en un área que “carece de infraestructura” necesaria. San Diego tampoco queda atrás: según explicó la funcionaria, ha sido traspasada “más de 800 veces”.
“La verja actual que está en esta área es insuficiente y es un área de alto riesgo para nosotros en el sentido de que vemos en numerosas ocasiones cómo regresa el tráfico. Las organizaciones criminales transnacionales irán a esa área por su acceso fácil, la rapidez para evadirse. Por eso es clave para nosotros”, argumentó.
La demanda de fondo del Departamento de Seguridad Nacional presentado hace menos de un mes señalaba que en 2018 el gobierno de Trump quiere construir 51.5 kilómetros de muro y 45 km de dique en el valle del Río Grande, así como 22.5 km más para el sector de San Diego, el que más detenciones por cruces ilegales reporta.
Hace varios meses se inició el proceso de licitación para la construcción del muro, que ha sufrido retrasos constantes y que todavía está en fase de análisis de la decena de propuestas finalistas que deben construir sus modelos de prueba. La resolución debería llegar a finales de este mes.
Según los cálculos de Provost, los prototipos estarán listos hasta finales de verano, y después será necesario hacer un análisis y revisiones para determinar qué modelo será el usado. Esa fase no concluirá hasta inicios de 2018, siempre y cuando se cumplan todos los plazos en los tiempos previstos.
Según varios reportes de prensa, las propuestas incluyen desde muros equipados con paneles solares hasta barreras que sirvan además como contenedores de residuos nucleares.
Por otra parte, Provost reafirmó la creencia del Departamento de Seguridad Nacional de que “hay áreas en las que un muro no tiene sentido”, especialmente en aquellas donde “existen barreras naturales” como el Bosque Nacional Big Bend o zonas con lagos en la frontera de Texas y México.
Para este año, el gobierno de Trump sólo consiguió fondos para reparar y reemplazar poco más de 63 kilómetros de valla en las zonas de San Diego, El Centro y El Paso, áreas “prioritarias” para la funcionaria, ya que en su opinión el enrejado actual está “anticuado” y “pone en riesgo a nuestros agentes por muchas razones” en una zona “con continuos” cruces de personas, drogas y armas ilícitas.
Un crimen, entrar ilegalmente. En la misma audiencia también participó el director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, quien hizo una defensa del endurecimiento de las redadas y el aumento de las deportaciones de inmigrantes indocumentados ya que, en su opinión, entrar al país de forma ilegal “es un crimen”.
No sólo eso: amenazó que seguiría así para poder aplicar las políticas del presidente Trump. “Si estás en el país ilegalmente y has cometido un crimen al entrar a este país, deberías estar incómodo, deberías cuidar tus espaldas y necesitarás estar preocupado”, dijo. El funcionario prometió que iban a emitir órdenes de detención temporales contra todos los indocumentados del país, una fórmula que ICE utiliza para llevarlos ante la justicia y determinar la urgencia de su deportación.
“Vamos a emitir órdenes de detención contra cualquiera [que esté] en el país ilegal. Nuestra prioridad son los criminales primero, pero si me preguntan si pondremos órdenes de detención a aquellos que no han cometido un crimen, sí lo haremos”, sentenció, alertando a los 11 millones de indocumentados (más de la mitad de origen mexicano) que se calcula que hay en territorio estadounidense.
Homan defendió el trabajo de sus agentes, tratados “injustamente” en su opinión, y pasó la culpa de las separaciones de familias a los indocumentados que “perpetraron un crimen federal” al entrar al país y que saben que, si tienen un hijo que adquiría la nacionalidad estadounidense, “se ponen en la situación” de temer por la separación.
De la misma manera, Homan defendió que ICE realice arrestos de indocumentados en cortes de justicia, y negó —a pesar de los numerosos reportes de prensa que le contradicen— que los agentes de migración hayan realizado detenciones en zonas aledañas a “lugares sensibles” como colegios o iglesias.