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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró ayer inadmisible un recurso contra la Asamblea Constituyente interpuesto por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que miembros de su familia han sido amenazados y perseguidos, luego de que se distanciara del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que responsabilizó al presidente de lo pueda sucederles.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó el recurso por “acumularse en un mismo libelo [escrito calumnioso] pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público”.
Lo que llevó a la fiscal a impugnar el nombramiento de 13 magistrados titulares y 20 suplentes, hecho en diciembre de 2015 por la mayoría parlamentaria chavista, antes de que la oposición asumiera el control del Legislativo. Según Ortega, ella no firmó el acta de preselección de candidatos a magistrados, requisito de la ley para que luego el Parlamento realice la selección definitiva.
El problema entre la fiscal y el gobierno se intensificó el jueves pasado, cuando presentó un recurso de nulidad a la propuesta Constituyente presentada por Maduro, porque aseguró que incurrió en “violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa, del principio de igualdad y del voto”.
Este recurso marcó un nuevo episodio en el alejamiento de la fiscal de Maduro. Ante esto, Ortega afirmó que sus familiares han recibido amenazas telefónicas y han sido perseguidos. “Quisiera hacer responsables a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia”, dijo en entrevista con Unión Radio.
Ortega aclaró que ella no ha sido amenazada, pero algunos voceros del gobierno han dicho en televisión que “debería ir presa”.
En tanto, un grupo de encapuchados incendió ayer la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Venezuela en Caracas, mientras se desarrollaba una manifestación opositora.
