El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó ayer una demanda que pedía la anulación del mandato del presidente Michel Temer por financiación de campaña ilegal en 2014, en medio de una grave crisis política en el país.

Los jueces del TSE descartaron por cuatro contra tres votos la denuncia contra la fórmula electoral que ganó las elecciones de 2014, en las que fueron reelegidos Dilma Rousseff como presidenta y Temer como vicepresidente. Él asumió el poder el año pasado, cuando ella fue destituida.

La mayoría de los magistrados excluyó las denuncias hechas por la constructora Odebrecht, envuelta en varios escándalos de corrupción, de que aportó fondos ilegalmente a la dupla Rousseff-Temer.

El presidente del TSE, Gilmar Mendes, fue el encargado de deshacer el empate de tres a tres tras una jornada maratónica y cuatro días del tramo final del juicio, que empezó en 2014. El proceso atrajo interés porque una condena era vista como una posible salida al escándalo que golpea desde hace tres semanas al gobierno de Temer, ya que el líder conservador está siendo investigado por denuncias de corrupción y se niega hasta ahora a dimitir.

“No intenten usar la mano del tribunal para resolver la crisis política. El tribunal no es instrumento”, dijo Mendes, quien añadió: “No se sustituye a un presidente de la República a toda hora, aunque se quiera”.

El más reciente escándalo en torno a Temer salió a la luz cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS, quien lo acusó de haberse beneficiado de sobornos. Entre otras pruebas, Batista entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas durante una conversación que tuvo con el presidente, en la que éste parecía avalar el pago de sobornos. Con su cooperación (“delación premiada”), Batista evitó ir él mismo a juicio después de que reconociese que JBS sobornó durante años a políticos.

La demanda contra la fórmula electoral Rousseff-Temer ante el TSE no estaba vinculada con ese caso, pero en Brasil se veía una posible condena como una forma de sacar a Temer del poder. Incluso sectores políticos y económicos antes favorables al programa de reformas del presidente consideraban la anulación del mandato presidencial como una “salida elegante” para el golpeado político.

La decisión del TSE, sin embargo, no pone un punto final a la crisis en torno a Temer. La fiscalía lo investiga por corrupción, obstrucción de la justicia y asociación delictiva con base en la denuncia de Batista.

De hecho, el mandatario rechazó ayer responder al interrogatorio que la policía federal le mandó por escrito esta semana sobre esta trama de sobornos de JBS y pidió el archivo de la investigación que la Corte Suprema abrió en su contra.

Los abogados de Temer comunicaron en un documento dirigido al magistrado del Supremo, Luiz Edson Fachin, la negativa del presidente a responder a las más de 80 preguntas, al considerar que algunas eran “verdaderamente invasivas, y por tanto inoportunas, que buscan simplemente entrar en la vida personal del presidente [Temer] chocando con su intimidad y sin ninguna conexión con las investigaciones”.

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