El estado de Texas tiene desde esta semana una nueva ley antiinmigración. La Senate Bill 4, conocida como SB4, que prohíbe a cualquier ciudad o pueblo del estado aplicar medidas que las conviertan en “santuario” para inmigrantes indocumentados a riesgo de sufrir sanciones.
También permite aplicar la política “enséñame los papeles”, que autoriza a la policía a preguntar por el estatus migratorio a cualquier persona que desee, sin motivo aparente o razón. La ley fue promulgada la noche del domingo sin aviso del gobernador republicano Gregg Abbot —sólo se transmitió su firma a altas horas de la noche a través de una conexión en vivo por redes sociales— y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Las ciudades santuario son las que no cooperan con las autoridades federales de inmigración para perseguir o detener a inmigrantes indocumentados.
Para los críticos, la nueva ley da carta blanca a la discriminación racial y provocará que la población de origen latino —cerca de la mitad de los habitantes del estado— desconfíe de las fuerzas de seguridad.
Texas no tiene ninguna ciudad autodeclarada “santuario” para indocumentados, pero varias de sus ciudades más importantes, incluida su capital, Austin, se han negado a colaborar con el gobierno federal en la detención de inmigrantes indocumentados.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha vuelto a potenciar las medidas antiinmigrantes en los estados de fuerte carácter conservador, amparados en la nueva retórica que llega desde Washington. Hace años Alabama o Arizona intentaron aplicar una ley parecida a la SB4, pero fueron rechazadas por inconstitucionales. Ahora, otros estados controlados por republicanos, como Louisiana o Missi-
ssippi, están trabajando en sus propias versiones de la misma medida.
La nueva ley provocó numerosas protestas. Incluso, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mostró su “preocupación”. “Este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio”, indicó la SRE en un comunicado.
En tanto, asesores jurídicos de la organización Northwest Immigrant Rights Project demandaron al Departamento de Justicia de EU, luego de que éste les ordenó que dejen de asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos. Los demandantes argumentan que la orden obligaría a miles de personas a quedar sin ayuda jurídica en casos de deportación y viola sus derechos constitucionales.
