Una juez resolvió enviar a juicio al hijo mayor y a un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a quienes la fiscalía acusa de fraude por una trama de corrupción en 2013, previo a la asunción de Morales en 2016, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de José Manuel Morales Marroquín, de 23 años, hijo de Morales, así como de un hermano del presidente, Samuel (Sammy) Morales. En caso de ser hallados culpables, enfrentarán penas de uno a cuatro años de prisión por el delito de fraude. La juez Silvia de León retiró a Samuel el cargo de lavado de dinero porque a su criterio la fiscalía no presentó pruebas contundentes para respaldarlo.
Los hechos que se imputan a los familiares de Morales forman parte de una trama de corrupción por unos 400 mil dólares dentro del Registro General de la Propiedad de Guatemala (RGP) en 2013 y 2014, por la cual la juez había resuelto procesar a unas 25 personas.
El caso fue descubierto en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) durante el primer año en que Morales ejerció la presidencia. El MP y la CICIG acusan a Samuel Morales y a Morales Marroquín de haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando compras y servicios para eventos públicos que no se realizaron, para lo cual emitieron facturas adulteradas. Samuel reconoció los hechos como un “favor” a su sobrino, pero negó haberse beneficiado.
La fiscal Thelma Aldana y el titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, explicaron que ambos están implicados en tres contratos otorgados por el RGP en noviembre y diciembre de 2013 por unos 35 mil dólares. La decisión de la juez, dictada la noche del viernes, representó un revés para los Morales, que pedían que su causa se trasladara a un juzgado que no fuera penal.
El caso fue nombrado por la fiscalía y la CICIG como “Botín Registro General de la Propiedad”, nombre de la institución a través de la cual se gestaron diferentes actos de corrupción, incluyendo el caso de los familiares del presidente.
La juez también ordenó juicio contra la ex titular del RGP, la ex diputada del desaparecido Partido Patriota, Anabella de León, y a una veintena de sindicados más.
El Partido Patriota, que llevó al poder en 2012 al ex presidente Otto Pérez, en prisión preventiva desde septiembre de 2015 bajo cargos de corrupción, fue suspendido a principios de este año por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por financiamiento ilícito. Ambos Morales están en libertad luego de pasar un mes en prisión. De León los envió a la cárcel y posteriormente les otorgó medidas sustitutivas de prisión.
El mandatario no se ha pronunciado sobre la decisión. El escándalo ha impactado la popularidad de este actor que ganó la presidencia en 2015 con su campaña “ni corrupto ni ladrón”, frente a las corruptelas que llevaron al arresto de su predecesor, Otto Pérez Molina.