Importantes aliados de la coalición de gobierno del presidente brasileño Michel Temer han comenzado a conjeturar abiertamente sobre quién podría reemplazarlo si se ve obligado a dejar el cargo debido a un escándalo de corrupción, situación que subraya la fragilidad de la permanencia del mandatario.

El fiscal general abrió investigaciones contra Temer por presunta obstrucción de la justicia y corrupción. Temer, antes vicepresidente, ascendió a la presidencia hace poco más de un año cuando la mandataria Dilma Rousseff fue destituida tras ser acusada de manejos ilegales en el presupuesto federal.

El gobierno de Temer ha pasado de una crisis a otra. La más reciente fue la difusión de una grabación en la que al parecer el presidente apoya el pago de un soborno a un ex legislador, quien ahora cumple una sentencia de 15 años de cárcel.

El presidente rechaza haber cometido delito alguno y ha dicho que no renunciará al cargo. Si Temer renuncia o es destituido, el Congreso elegirá al nuevo gobernante que habrá de completar lo que resta al actual periodo presidencial, que concluye en 2018.

El jueves y ayer, los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña, un aliado menor en la coalición de gobierno de Temer, evitaron mostrar su apoyo al presidente y, en cambio, hablaron de lo que tal vez está por venir. El gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, dijo que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el senador Tasso Jereissati serían buenos candidatos para reemplazar a Temer en caso de que éste sea finalmente destituido.

Alckmin, quien tiene previsto postularse para los comicios presidenciales del año próximo, se descartó para la posible votación en la que se elegirá a un presidente y un vicepresidente, quienes permanecerían en sus cargos hasta diciembre de 2018.

El senador Jereissati declinó apoyar abiertamente la permanencia de Temer en la presidencia. Otros miembros del partido en el Congreso han dicho durante la semana que permanecer demasiado cerca de Temer podría afectarlos para las elecciones del año próximo.

En tanto, el gobierno brasileño repudió ayer “en los más fuertes términos”, la condena hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) por el “uso excesivo de la fuerza” en las violentas protestas del miércoles en Brasilia.

La Cancillería lamentó “el tono desinformado y tendencioso del comunicado conjunto” emitido por las dos entidades, en el que criticaron la actuación de la policía militarizada en la capital brasileña para “reprimir” las protestas que pidieron la dimisión del presidente Temer.

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