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La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ensanchó la grieta que abrió en el chavismo, tras responsabilizar a militares por la muerte de un joven y cientos de heridos durante la ola de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, abrió siete investigaciones por los casos de civiles detenidos juzgados por tribunales militares.
Ortega, confesa chavista, informó ayer que 55 personas han muerto en 54 días de manifestaciones: 52 civiles y tres policías y militares.
Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la creciente violencia que se desata tras las movilizaciones. Ortega reportó un millar de lesionados, de los cuales la mitad se produjeron por “la acción de los cuerpos de seguridad”.
El Ministerio Público ha imputado a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.
Ortega también responsabilizó a un oficial de la militarizada Guardia Nacional —aún sin identificar— por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril. Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, según la fiscalía, versión que negaba el gobierno al sostener que el joven fue asesinado con una pistola de pernos (usada para sacrificar ganado).
La fiscal objetó además los procesos militares contra civiles detenidos, asegurando que van en contra de la Constitución. El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar algunos manifestantes para alentar las protestas.
Por su parte, el ministro del Interior, Néstor Reverol, acusó a la fiscalía de propiciar un “clima de impunidad por su inacción”, lo que, a su juicio, “no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia”.
El distanciamiento de Ortega con el gobierno empezó a fines de marzo, cuando denunció como “una ruptura del orden constitucional” sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento, bajo control de la oposición. El gobierno tuvo que revirar la decisión, que desató las más recientes protestas.
La brecha se amplió con el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente, iniciativa que la fiscal estima inconveniente en medio de la crisis.
En tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó ayer a ocho alcaldes opositores que garanticen la circulación en las vías y despejen los obstáculos en medio de las protestas que se registran en el país, y advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
La decisión afecta a los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde; Chacao, Ramón Muchacho; El Hatillo, David Smolansky; Los Salias, Josy Fernández; Carrizal, José Luis Rodríguez; Libertador, Carlos García; Alberto Adriani (El Vigía), Juan Peña, y Campo Elías, Omar Lares. En específico, el Supremo ordenó a los alcaldes “realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos” para “evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos”.
Miles de personas marcharon este miércoles en Caracas en rechazo a la Constituyente planteada por Maduro, cuya elección se prevé para julio. Los opositores avanzaron hacia la sede del CNE, en el centro de Caracas, pero fueron dispersados por las fuerzas antimotines. Además, en Maracaibo, encapuchados habrían quemado la sede de la Defensoría del Pueblo.
Las bases de la Constituyente plantean la elección de 540 asambleístas, 364 por municipios y 176 en votaciones por sectores sociales como trabajadores, indígenas o campesinos. Analistas y opositores aseguran que se trata de un proceso “a la medida” de Maduro.
