En el escenario de fuerte confrontación política que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lanzó ayer un decreto que restringe las garantías constitucionales para “preservar el orden interno”, lo que fue rechazado por la oposición que pidió desconocerlo y defender la Carta Magna.
Maduro, quien anunció que un nuevo sistema de subastas monetarias conocido como Dicom, empezará a operar el próximo martes 23 de mayo, como parte del estricto control de cambios vigente en el país desde 2003, firmó el decreto que extiende el estado de excepción y emergencia económica, vigente desde el año pasado, asumiendo cualidades para restringir garantías y dictar medidas de orden social.
La medida fue divulgada en la Gaceta Oficial, en medio de las protestas contra el gobierno, que ya cumplieron seis semanas y han dejado un saldo de 43 muertos y más de mil heridos, incluyendo un joven de 17 años fallecido la madrugada de ayer y un manifestante de 31 años que perdió la vida tras recibir este martes un balazo en el tórax.
El decreto presidencial de Estado de Excepción y Emergencia Económica ha sido extendido desde comienzos del año pasado, cada tres meses, para atender las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, con el argumento de la caída de los ingresos petroleros.
El decreto señala que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo excepciones como “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
Asimismo, se otorga al Ejecutivo la facultad para adoptar “las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos y servicios”.
También se indica que el gobierno podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación”. En ese sentido, Maduro ordenó crear una comisión para demandar a “los fascistas que agreden a Venezuela” y a los chavistas, que llamó los “judíos del siglo 21”, en otros países del mundo.
El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó a desconocer este decreto “basura” mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, (AN, Parlamento) Julio Borges —a quien Maduro responsabilizó del “odio fascista” y lo que llamó persecución nacional e internacional contra los chavistas—, dijo que el documento le otorga al gobierno “más discrecionalidad” en lo que tiene que ver con la represión de las protestas.
“Si usted quiere que este decreto tenga vigencia en el país, tiene que llevarlo a la AN; si no..., llamo al pueblo venezolano a desconocer este decreto, que nos metan presos a todos, a 30 millones de venezolanos”. Señaló que por vía de este decreto, el gobierno supuestamente pretende “acabar con la protesta” y pidió a los venezolanos “más que nunca”, seguirse manifestando en las calles pues “muy probablemente esta suspensión de garantías quiere amparar” las “violaciones a los derechos”.
El presidente del Parlamento, por su parte, dijo que este decreto le otorga a Maduro “más poder” ante todo lo que tiene que ver con el orden público. “Eso claramente apunta hacia dónde el gobierno quiere llevar este intento de fraude constitucional que puede hacer con la propuesta de la Constituyente, concentrar poder e ir contra los ciudadanos”, señaló al hacer referencia a la reciente convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Magna.
Desde la AN se conformó un “Frente ciudadano para defender la Constitución y la democracia” ante la convocatoria de Maduro a dicha Constituyente, en el que participan sectores académicos, obrero, estudiantil, deportivo y de derechos humanos frente a las supuestas intenciones de Maduro de “destruir” la Carta Magna.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá hoy, a puertas cerradas, para discutir la crisis en Venezuela. Será la primera vez que el organismo de 15 miembros tocará la situación del país petrolero.