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La Fiscalía de La Paz pedirá mañana una pena de diez años para Gabriela Zapata, la expareja del presidente boliviano Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas, cuando se espera el final de un juicio y la lectura de la condena.
Así se lo confirmó hoy a Efe una fuente de la Fiscalía, en horas previas al comienzo de la que podría ser la última audiencia del juicio a Zapata, en el que se investigó la existencia de un patrimonio económico que no pudo justificar ante las autoridades.
El juez Iván Perales del Tribunal Departamental de La Paz juzga los posibles delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Zapata, que fue novia de Morales entre el 2005 y 2007, está detenida desde febrero del año pasado, tras haber sido acusada por el propio Gobierno de haber usado oficinas del ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios.
Según la Fiscalía, durante el juicio la acusada ha sido incapaz de explicar cómo consiguió acumular un patrimonio de dos millones de dólares.
Zapata trabajó como gerente comercial para la empresa estatal china Camce, una firma que se adjudicó varios contratos para construir obras de parte del Estado por 566 millones de dólares.
En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado al presidente Evo Morales, pero él siempre ha rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que no hubo ese delito en concreto.
La posible conclusión del juicio para mañana está pendiente de una decisión del juzgado sobre si procede una petición de la defensa de una visita a la casa de Zapata para presentar pruebas.
Si no es pertinente, comenzará la fase de alegatos en que tanto el Ministerio Público como la defensa expondrán sus argumentos previos a la sentencia final, que, eventualmente, podría aplazarse hasta el jueves o incluso a la próxima semana.
Junto a Zapata, se han sentado en el banquillo durante el juicio dos exfuncionarios que el Gobierno señaló como cómplices en sus oficinas para hacer esas negociaciones ilegales y de las que, según la versión oficialista, nunca se enteraron los altos cargos.
Se trata de dos exfuncionarios del Ministerio de la Presidencia y supuestos cómplices de Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales.
Zapata está también imputada en otro proceso por trata de personas, por impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictiva, a propósito de haber sido parte de un montaje para presentar en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del mandatario y que nació en 2007.
En declaraciones a un canal de televisión, Zapata afirmó anteriormente que ese niño nunca nació, desdiciéndose de otros dichos en sentido de que el menor si existía y también de su afirmación de que el menor sí nació, pero murió por enfermedad.
Morales, quien enjuició a Zapata el año pasado para exigirle que probara la existencia del supuesto menor, ha atribuido varias veces a esas mentiras su derrota en el referendo de febrero de 2016, cuando la población rechazó que se modifique la Constitución para permitir que vuelva a ser candidato en 2019.
Con ese argumento, Morales considera que ese resultado no es válido y ha anunciado que, de todas formas, intentará postularse nuevamente a la Presidencia para el período 2020-2025, por lo que su partido analiza opciones para legalizar esa posibilidad. EFE
