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El presidente de EU, Donald Trump, sufrió un nuevo revés en su política antiinmigrante. Un juez de la Corte Norte de California bloqueó ayer la orden ejecutiva que congelaba fondos federales a aquellas jurisdicciones locales y estatales que se negaran a colaborar con las autoridades migratorias en la persecución de indocumentados.
Tras una denuncia de San Francisco y el condado de Santa Clara, donde se encuentran San José y Silicon Valley, el juez federal William Orrick ordenó a la administración Trump a no aplicar el decreto a nivel nacional contra las denominadas jurisdicciones “santuario”. El dictamen significa que, desde ahora, el gobierno no les podrá quitar fondos escudándose en que no han cumplido las políticas establecidas. Si lo hiciera, podría estar violando la Constitución.
En el decreto presidencial, firmado el 25 de enero, Trump ordenaba quitar fondos de las jurisdicciones que se negaran a colaborar con el gobierno en la detección y detención de indocumentados. En la orden a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el juez determina que el presidente no tiene potestad para determinar qué fondos van o no van a una administración por el cumplimiento, o no, de una directriz normativa.
“Los condados han demostrado de forma adecuada que es probable que sufran un daño irreparable”, argumenta el juez. Asimismo, afirma que es probable que los demandantes tengan éxito en sus reclamos de inconstitucionalidad de varios pasajes del decreto, especialmente por lo que se considera arbitrariedad del presidente al otorgar fondos federales, algo que depende del Congreso.
La orden determina que ni Trump ni nadie de su administración puede privar a las “administraciones santuario” de fondos federales que no fueron asignados para la deportación de inmigrantes indocumentados. Eso significa que los departamentos de Justicia y/o Seguridad Nacional, por ejemplo, sí podrían recortar la aportación federal destinada a esas actuaciones, en caso de considerarlo oportuno y por el incumplimiento de directrices concretas.
El bloqueo de la orden se mantendrá durante todo el juicio por este caso, que podría durar meses, en una maniobra parecida a la que ya sufrieron las dos versiones del llamado veto musulmán, que prohíbe la entrada a refugiados y migrantes de seis países musulmanes.
El fallo judicial se produjo una semana después de que el Departamento de Justicia enviara un ultimátum a nueve jurisdicciones para que cumplieran con el decreto a riesgo de perder subvenciones. El fiscal general de EU, Jeff Sessions, se había reunido con un grupo de alcaldes demócratas de ciudades santuario para hablar sobre medidas de colaboración con agentes de migración.
