Esperanza Aguirre, la histórica líder del Partido Popular (PP), dimitió como concejal del Ayuntamiento de Madrid, único cargo político que le quedaba.
La renuncia de la que fue la mujer más poderosa del derechista PP es la respuesta esperada a la imputación de Ignacio González, quien fue su mano derecha y sucesor como presidente de la Comunidad de Madrid, y que el miércoles pasado fue detenido por cohecho, asociación criminal y corrupción en la Operación Lezo, el último escándalo del PP.
“Me siento engañada y traicionada”, se despidió Aguirre hablando de González, pero admitió que debía asumir responsabilidades “por no vigilar” bien los excesos de su hombre de confianza.
El presidente del gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, pensaba que su victoria en las últimas elecciones significaba que los episodios de corrupción que han perseguido a su partido en los últimos años habían sido ya olvidos y perdonados por los españoles.
Sin embargo, en el último mes se han multiplicado las revelaciones sobre enriquecimientos ilícitos y contrataciones a empresas amigas del PP a cambio de comisiones para el partido. La escalada llegó a tal punto que el propio Rajoy se convirtió la semana pasada en el primer presidente español al que los tribunales obligan a comparecer como testigo en un caso de corrupción.
Rajoy deberá responder, como alto cargo en el PP, sobre las acciones de la trama Gürtel entre 1999 y 2005 y la forma en la que el empresario Francisco Correa se valió de sus contactos en el PP para amañar contratos públicos.
Esperanza Aguirre, conocida como “la lideresa”, ha sido durante casi dos décadas una de las políticas más carismáticas de España. A menudo ejerció de contrapoder del propio Rajoy en su partido gracias a la influencia que había acumulado en Madrid. El Partido Popular en la capital enlazaba mayorías absolutas mientras tejía una red de poderosos contactos con el poder empresarial.
Con el inicio de las investigaciones de la Gürtel, la reputación de Aguirre sufrió ya un gran golpe.
Una gran cantidad de alcaldes y miembros de su gobierno fueron imputados en la investigación, revelando que Madrid había sido una de las madrigueras de la mayor red de corrupción de la democracia española. La detención el miércoles de González supone que son ya dos los grandes colaboradores de Aguirre sospechosos de nadar en las aguas de la corrupción.
Primero fue Francisco Granados, al que Aguirre apoyó incluso cuando en febrero de 2014 la policía descubrió que ocultaba 1,5 millones de euros en una cuenta de Suiza.
Granados fue detenido dentro de la trama Púnica (otra de las investigaciones contra el PP) y está en prisión preventiva acusado de asociarse con constructores y empresarios a los que presuntamente favorecía con adjudicaciones y recalificaciones de suelo para enriquecerse y financiar ilegalmente al PP.
A Granados se le suma ahora González, el hombre al que Aguirre eligió para que ocupara la presidencia de la Comunidad (2012-2015) cuando ella enfermó de cáncer y se retiró provisionalmente de la política.
González era investigado dentro de la red Púnica desde hace meses. El argumento de Aguirre se ha mantenido inamovible durante todo este tiempo: “Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos”, repetía.
Sin embargo, ya van más de 23 cargos de su gobierno imputados, y las nuevas acusaciones contra González son tan graves que a Aguirre le ha resultado imposible no asumir responsabilidades políticas.
El juez Eloy Velasco investiga si hasta 60 millones de euros pudieron salir de las arcas de la empresa pública del agua en Madrid, el Canal de Isabel II, para enriquecimiento de Ignacio González y su entorno y financiación ilícita del PP de Madrid.
La investigación tiene también ramificaciones en México. El consejero de la constructora OHL Javier López Madrid también fue detenido y acusado la semana pasada del pago a González de 1,4 millones de euros de una cuenta en Suiza de OHL México a cambio de la adjudicación de la obra de un tren a Navalcarnero, un pueblo de Madrid.
lsm