El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio ayer marcha atrás a las acciones con las que el jueves retiró sus poderes a la Asamblea Nacional, en un intento por apagar la crisis política que se desató en el país y las condenas a nivel internacional, aunque la oposición insistió en que lo que ocurrió en la nación fue un autogolpe de Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó ayer a través de un comunicado, que “suprime” algunas partes de la polémica sentencia, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento, al que acusa de desacato.
El máximo tribunal del país canceló además la medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes para evitar un “estado de conmoción”. Esta decisión facultaba al jefe de Estado a ejercer “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes”. La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Defensa de la Nación exhortó al TSJ a revisar esas sentencias.
Maduro convocó a este Consejo para “resolver” el impasse que, a su juicio, surgió entre el Supremo y el Ministerio Público, derivado de la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las dos últimas sentencias del TSJ contra el Parlamento constituían una “ruptura del orden constitucional”. Tras la marcha atrás del TSJ, Maduro dijo que se había “superado exitosamente” la controversia entre dos poderes.
Pero el líder de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló ante cientos de opositores que “no se trata de tachar un párrafo. La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dando durante meses y años en Venezuela”. Anunció que seguirán llamando a protestas y ayer cientos de personas bloquearon la principal autopista de la capital.
Guardias nacionales y policías cercaron la manifestación y lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, quienes aprovecharon para montarse sobre una de las tanquetas que se colocaron para impedir el avance de la marcha. Las sentencias del TSJ desataron fuertes condenas internacionales, con Perú retirando incluso a su embajador. Los cancilleres del Mercosur se reunieron ayer para evaluar la situación venezolana e instaron al gobierno a garantizar la separación de poderes, liberar a los “presos políticos” y respetar el cronograma electoral tras la “ruptura del orden democrático”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó la forma como se solucionó la crisis. “De una ruptura institucional no se sale con aún más alteración del orden constitucional”, tuiteó, aludiendo a que fue el Ejecutivo venezolano el que dijo al poder judicial lo que tenía que hacer. La OEA abordará mañana el tema en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente.
Estados Unidos opinó que la marcha atrás “parcial” del TSJ demuestra la “falta de separación de poderes” en Venezuela y urgió a restaurar “completamente los derechos y autoridades” a la Asamblea Nacional. Así lo señaló un funcionario del Departamento de Estado de EU.
Frente a las reacciones internacionales, Maduro dijo durante un acto con militares en la ciudad costera de La Guaira que “nadie debe meterse en los asuntos de otro país”.
