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El Departamento de Vehículos de Motor de Vermont dio información a las autoridades federales sobre migrantes que vivían en el país sin permiso de residencia, según documentos recién publicados.
Todos los migrantes habían pedido una tarjeta de identificación de conductor habilitada por la ley del estado. La revelación aviva los arraigados temores a que los programas que ofrecen esta clase de documentación a los migrantes puedan utilizarse en su contra.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó y obtuvo hace poco copias de correos electrónicos que muestran que investigadores del Departamento de Vehículos de Motor de Vermont se coordinaron el año pasado con miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar a personas sin ciudadanía que residían en el país.
Muchos de los emails muestran que los investigadores del departamento enviaron información al ICE sobre migrantes que sospechaban habían dado información falsa en sus solicitudes para obtener tarjetas de conductores. El programa estatal de documentación de conductores se creó en 2013 para que los migrantes sin permiso de residencia tuvieran una forma de conducir.
La ACLU pidió los documentos para comprobar si el departamento de vehículos estaba cumpliendo un acuerdo alcanzado el año pasado dentro de un caso de discriminación contra un hombre jordano. El hombre pidió la tarjeta de conductor y las autoridades estatales enviaron sus datos a agentes de inmigración, que iniciaron un proceso de deportación. El hombre estuvo encarcelado brevemente y fue liberado tras pagar una fianza. Finalmente no fue deportado.
El departamento recibió una orden de pagar 40.000 dólares al hombre y cumplir una norma de Vermont que prohíbe a los funcionarios estatales ejecutar normas federales de inmigración.
El comisario de vehículos de motor, Robert Ide, dijo que su departamento todavía está formando a su personal sobre cómo aplicar esa medida.
No estaba claro cuántos inmigrantes habían sido reportados en esas comunicaciones entre agencias, aunque un investigador del sur de Vermont había tenido casi 300 casos el año pasado, según un funcionario del Departamento de Vehículos de Motor en una vista legislativa el martes. Tampoco estaba claro si alguien había sido deportado debido a esas comunicaciones.
El fenómeno era especialmente sorpresivo en Vermont, un estado de tendencia progresista donde incluso el gobernador republicano, Phil Scott, ha trabajado con ahínco en defensa de los inmigrantes. Scott firmó el mes pasado con entusiasmo una ley que según algunos detractores estaba cerca de convertir a Vermont en un "estado santuario", al limitar las labores que puede hacer la policía a instancias del gobierno federal.
lsm
