Decenas de miles de personas se movilizaron ayer al centro de Buenos Aires en una protesta convocada por la principal central de trabajadores de Argentina para repudiar el cierre de fábricas y despidos que le atribuyen a la reapertura de la economía argentina impulsada por el gobierno conservador de Mauricio Macri tras años de populismo.
La manifestación fue lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que unifica a los gremios de mayor peso del país y tuvo la adhesión del opositor partido peronista, grupos de izquierda y organizaciones sociales.
“Si no hay rectificaciones, este consejo directivo ya tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas antes de fin de mes”, dijo Héctor Dáer, uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT, desde un palco situado frente al Ministerio de Producción.
El dirigente no dio una fecha precisa para la primera huelga general contra Macri desde que asumió a fines de 2015, lo que provocó indignación entre grupos de manifestantes. “Poné la fecha” cantaban, acompañando la frase con un insulto. Al final del acto se produjo una gresca entre los custodios de los líderes sindicales y personas que les gritaban “traidores”.
Estos incidentes opacaron la multitudinaria movilización y evidenciaron las divisiones internas que hay en el movimiento sindical entre quienes mantienen una posición más conciliadora con el gobierno de Macri y aquellos que exigen acciones concretas.
Los sindicalistas alertaron sobre el impacto en el empleo y en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables que provocó el cambio de una política económica de tinte populista que caracterizó los 12 años de kirchnerismo (2003-2015) hacia un modelo de mayor apertura y menos control del Estado sobre el mercado.
Según cifras oficiales, 2016 cerró con un desempleo de 8.5% y una pobreza de 32.2%. Al reclamo se sumaron representantes de pequeñas y medianas empresas, afectadas por la caída del consumo, aumento de tarifas de servicios públicos y una brusca reapertura de las importaciones. El gobierno calificó la protesta de “política” y la relacionó con el inicio de un año electoral con motivo de las elecciones legislativas de octubre.
En tanto, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compareció ante el magistrado Claudio Bonadío, ante quien negó haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y de declaró víctima de una “persecución judicial”.
