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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer la nueva versión de su polémico veto a refugiados e inmigrantes de países de mayoría musulmana.
El nuevo texto mantiene el núcleo duro de la normativa anterior, prohibiendo de forma temporal la emisión de visados (y por tanto la entrada a EU) de ciudadanos de países de mayoría musulmana, y congelando la entrada de refugiados al país, así como la reducción del programa de asilo hasta los 50 mil acogidos como máximo.
La Casa Blanca espera que con los retoques se esquive la controversia y, especialmente, evitar un revés vergonzoso como el que sufrió en los tribunales hace más de un mes, cuando un juez prohibió la aplicación de la primera versión del veto por las dudas de su constitucionalidad y el caos generado en sus primeras horas de aplicación.
El cambio más significativo es la reducción de siete a seis países afectados por la congelación de emisión de visados durante 90 días. Irak desaparece de la lista por las garantías de cooperación de su gobierno; se mantienen Iran, Somalia, Sudán, Yemen, Siria y Libia, todos de mayoría musulmana.
Se eliminó la prohibición permanente de acogida de refugiados sirios y se equilibró al veto de entrada de 120 días para todos los solicitantes de asilo.
“La orden ejecutiva firmada por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional”, afirmó el secretario de Estado, Rex Tillerson, en una comparecencia sin preguntas junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly. “Esta orden ejecutiva reforzará la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”, añadió.
Los cambios más importantes están en la forma más que en el fondo. Desapareció, por ejemplo, la alusión a minorías religiosas cristianas, uno de los puntos en el que los críticos se basaban para afirmar que era una prohibición basada en la islamofobia.
El decreto entrará en vigencia el 16 de marzo. Con este margen hasta su aplicación, la Casa Blanca trató de demostrar que aprendió la lección y no quiere vivir nuevas escenas de caos en los aeropuertos, como las ocurridas a finales de febrero minutos después de la firma del primer decreto.
Todos los cambios parecen haberse hecho al milímetro para superar con éxito una nueva batalla judicial. Como anteriormente, el decreto se escuda bajo el paraguas de la seguridad. En ese sentido, el gobierno anunció que el FBI está investigando 300 refugiados por posibles actividades terroristas.
Por la tarde, cientos de personas se concentraron ante la Casa Blanca para protestar por lo que llaman “ la versión 2.0” del decreto. Estuvo presente el nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez.
“La nueva orden ejecutiva en realidad es otro veto musulmán, un hecho discriminatorio e inconstitucional”, se quejó el director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Musulmanas (CAIR), Nihad Awad.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que “una prohibición diluida sigue siendo una prohibición. A pesar de los cambios, esta peligrosa orden ejecutiva amenaza nuestra seguridad. Es mezquina y anti-estadounidense”.
“Esta es la misma prohibición, con el mismo propósito, impulsada por la misma discriminación peligrosa que debilita nuestra capacidad de combatir el terror”, lamentó por su parte Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes. Otros congresistas progresistas se quejaron de que “sólo se ha cambiado el envoltorio”.
Trump firmó el nuevo decreto en la soledad del Despacho Oval. Una fotografía de su portavoz Sean Spicer difundida a través de Twitter es la única prueba gráfica del momento.
