La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional fue tachada por la oposición del país, así como por organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de un autogolpe de Estado.
¿POR QUÉ UN AUTOGOLPE?
Un golpe de Estado constituye una acción violenta encabezada por las fuerzas militares, por sectores opositores, o por la misma población, mediante la cual un jefe de Estado es depuesto.
En el caso del autogolpe de Estado, es el propio líder de un país el que, habiendo llegado al poder por medios legales, desconoce o disuelve de alguna forma al poder legislativo, acumulando el poder con el fin de afianzarse en el Ejecutivo o de deshacerse de la disidencia, o ambas.
Es justo el argumento que da la oposición venezolana, que acusa a Maduro de acumular poder, aplastar a la disidencia e impedir elecciones libres en un país sumido en una profunda crisis económica, de seguridad y social.
No han faltado las comparaciones con el autogolpe que el 5 de abril de 1992 dio el presidente peruano Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso -que se negaba a concederle amplios poderes-, instauró lo que llamó “gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, suspendió la Constitución de 1979 y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente que promulgó una nueva Constitución, la cual reinstaló la reelección presidencial consecutiva.
Gracias a este autogolpe, en las presidenciales de 1995 Fujimori se presentó y ganó, con 64% de los votos. El mandatario sería destituido en el 2000, en medio de acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos y hoy se encuentra en prisión, con una condena de 25 años.
Sin embargo, Latinoamérica ha vivido más golpes de Estado que autogolpes. En Venezuela, el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, encabezó el 4 de febrero de 1992 un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Diez años después, Chávez, ya como jefe de Estado sufriría una intentona golpista militar que libró, en gran medida, gracias al apoyo de Cuba.
Uno de los golpes más sonados de los últimos años fue el que sacó del poder a Manuel Zelaya, en Honduras, el 28 de junio de 2009. Tras meses de crisis por la insistencia de Zelaya de realizar un referéndum para modificar la Constitución, algo que la oposición veía como un intento del mandatario de aprobar un cambio que le permitiera reelegirse, el ejército lo arrestó y lo deportó a Costa Rica.
La Unión Europea y la OEA decidieron no reconocer al gobierno interino y la OEA aprobó, en julio de 2009, expulsar a Honduras del grupo, decisión que sólo revocó en 2011, después de que Zelaya lograra regresar al país centroamericano, ya bajo la presidencia de Porfirio Lobo.
En junio de 2012, el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo denunció haber sido víctima de un golpe de Estado, tras ser destituido en medio de un juicio político que tuvo su origen en la matanza de seis policías y once campesinos en el norte del país, hecho del que fue responsabilizado el gobierno. La comunidad internacional no logró una postura común respecto a si se trató o no del un golpe.
En Venezuela, Hugo Chávez sí lo tachó de golpe, igual que su par argentina Cristina Fernández de Kirchner. La OEA dijo que “aunque formalmente apegado a la ley”, el juicio a Lugo “no parece cumplir los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.
La situación se calmó tras las elecciones presidenciales de 2013, que ganó Horacio Cartes.
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