Asediados por amenazas de muerte lanzadas por poderosos sectores políticos y empresariales de Honduras y del exterior con millonarios intereses en negocios mineros, agroindustriales, turísticas y de energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmicas, los ambientalistas hondureños están convencidos de que, tras un año del asesinato de su paisana y colega activista Berta Cáceres, la justicia de su país ni es pronta ni cumplida ni ciega.
Cáceres, feminista, defensora indígena, activista de derechos humanos, ambientalista, opositora gubernamental y lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, murió a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016 en su casa del suroccidental departamento hondureño de Intibucá.
“Me atrapa el dolor por la pérdida de mi mamá, por volver a recordar el incidente y porque, un año después, la impunidad persiste”, dijo la hondureña Bertica Cáceres hija en una entrevista con EL UNIVERSAL. El ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto es testigo central, ya que dormía en la vivienda de Cáceres cuando los asesinos atacaron y aunque le hirieron de bala, simuló estar muerto y sobrevivió.
“No hay voluntad de aclarar el crimen. No hay justicia”, denunció el hondureño Martín Vásquez, dirigente del (no estatal) Movimiento Indígena Lenca de La Paz. “Cuando los pueblos rechazamos esos negocios porque amenazan nuestra cultura e identidad, somos agredidos, viene el choque y nos acusan de guerrilleros y comunistas”, declaró a este diario.
Pese a las amenazas, Cáceres madre encabezó un movimiento contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el occidente de Honduras, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas. Pero en esa actividad entró a un círculo mortal cubierto por la impunidad: 123 ambientalistas hondureños fueron asesinados desde 2010 por “protestar contra el expolio o la destrucción” de tierras, bosques y ríos, precisó un informe de Global Witness, ente mundial no estatal dedicado a denunciar la corrupción con recursos naturales y violaciones a derechos ambientales.
El informe, emitido hace un mes y cuya conclusión fue rechazada por gobierno y empresarios de Honduras, acusó que “altos cargos políticos y élites empresariales” de ese país están ligados a una “violenta represión” contra los ambientalistas.
Trampas. Bertica, de 26 años, y su hermana Olivia, de 27, viven en Honduras, y sus hermanos —Laura, de 24, y Salvador, de 22— residen en el exterior desde antes del asesinato. A los cuatro les inquieta que el caso esté marcado por trampas judiciales y políticas.
“Honduras es la nación más peligrosa para un ambientalista. Hay dolor por todos los mecanismos de impunidad que impiden poder tener certeza de que habrá justicia real sobre la autoría intelectual (del asesinato) y la responsabilidad del Estado, así como un proceso judicial bastante ineficiente con los detenidos como autores materiales”, narró Bertica.
Hay ocho hombres presos, entre militares en retiro y activos y un empresario. “La captura de personas vinculadas a la autoría material e intermedia se ha presentado como un avance en la investigación, pero decimos que eso es una pantalla que esconde la falta de voluntad política, la ineficiencia y la negligencia del Estado con la investigación”, alegó.
Como muestra de las irregularidades, recordó un dato esencial: el expediente del asesinato fue “robado” en 2016 del automóvil de una magistrada hondureña.