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Crecen las amenazas de la administración de Donald Trump contra las ciudades y estados que protegen a inmigrantes sin documentos. Jeff Sessions, fiscal general, advirtió ayer que los lugares que no colaboren en tareas de detención y deportación de indocumentados perderán los fondos federales.
“Insto a los estados y ciudades de la nación a considerar el daño que están haciendo a sus ciudadanos al rechazar la imposición de nuestras leyes migratorias y repensar sus políticas. Esas políticas hacen sus ciudades y estados menos seguros, y les pone en riesgo de perder valiosos dólares federales”, amenazó Sessions en la Casa Blanca.
Precisó que el presupuesto de este año para subvenciones a cuerpos de seguridad y justicia locales asciende a 4 mil 100 millones de dólares, dinero que el gobierno podría congelar.
En un momento en el que la administración Trump está necesitada de virar el discurso tras el fracaso de la reforma sanitaria de la semana pasada, Sessions dio un paso al frente para activar la advertencia que el presidente Donald Trump ha reiterado desde hace meses, plasmó en una de sus primeras órdenes y espera implementar a la mayor brevedad posible.
“Estas políticas [de las ciudades santuario] no pueden continuar. Hacen que la nación sea menos segura, poniendo a criminales peligrosos de vuelta en nuestras calles”, argumentó. El discurso que insiste en deportar a inmigrantes indocumentados y relacionarlos con el crimen ha sido una constante en el nuevo gobierno, así como la confrontación con las entidades locales y estatales —unas 200, según las autoridades— que se niegan a perseguir a inmigrantes. La amenaza de recortar fondos federales, que supondría la pérdida de subvenciones de millones de dólares a ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco, es la última de las acciones de Trump para atacar a las zonas santuario.
Hace una semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó su primer reporte semanal para señalar los lugares santuario del país, un documento que detallaba todos aquellos condados que no colaboraban con la Casa Blanca. Si bien el nuevo documento con datos actualizados tuvo que salir ayer, fuentes del DHS dijeron a EL UNIVERSAL que se espera que se divulgue a mediados de esta semana.
Las respuestas a la amenaza de
Sessions no se hicieron esperar. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, criticó que con estas medidas Donald Trump sólo quiere “intimidar” a las autoridades policiales locales obligándoles a convertirse en agentes de inmigración, a la vez que sigue con su política de acosar a familias inmigrantes.
En la misma dirección se pronunciaron autoridades locales que reiteradamente se enorgullecen de su condición de santuario. El alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, lamentó el “inmerecido ataque a la comunidad migrante” y en lugar de resguardarse anunció que se unirá al grupo de ciudades que están tomando acciones legales contra la política de deportaciones. El movimiento, liderado por San Francisco, cuenta con el apoyo de urbes con gran presencia de inmigrantes mexicanos como Chicago. “Chicago se enorgullece de estar entre las 34 ciudades y condados en todo el país que pide a cortes federales que evite que el gobierno federal retenga fondos federales de forma ilegal”, dijo al Chicago Sun Times el portavoz de la alcaldía, Matt McGrath.
En cambio, el gobierno de Texas retiene subvenciones a Austin, pese a ser la capital del estado.
