El ministro colombiano de la Defensa, Luis Carlos Villegas, atribuyó ayer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan de Golfo el asesinato de dos policías, entre ellos el del subcomandante de la estación de Fortúl, en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela.
Según Villegas, las primeras pruebas en las investigaciones indican que el ELN, la segunda guerrilla del país después de las FARC, han desplegado un “plan pistola” y otras acciones fueron del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.
Edwin Andrey Hernández Rodríguez, subcomandante de la estación de Policía de la población de Fortúl, murió el sábado pasado luego de que un francotirador le disparó. Ese mismo día, el patrullero Jimeno Rincón Bonilla, fue asesinado por dos hombres en una zona rural del municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba.
Aunque Villegas no detalló en qué casos actuó el ELN o el Clan del Golfo, los dos tienen presencia en los sitios en donde fueron asesinados los policías y en los que resultaron heridos los soldados. El jefe de la cartera de Defensa explicó que esas acciones contra los policías y los militares son una reacción del ELN y del Clan del Golfo por las operaciones en su contra.
El gobierno de Colombia y el ELN iniciaron el 7 de febrero un proceso de diálogo en Quito que busca poner fin al conflicto que han mantenido durante más de 52 años.
Fuentes oficiales también informaron ayer que cinco personas y un menor resultó herido durante una incursión armada del ELN en el Chocó, fronteriza con Panamá. El suceso se originó, según el Defensor del Pueblo Regional del Chocó, Luis Murillo, por disputas territoriales entre el ELN y bandas de delincuentes que operan en ese departamento y trafican con cocaína.
Agilizan proceso de desarme. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC hicieron un balance de los primeros 100 días de implementación del acuerdo de paz.
Las partes acordaron acelerar el proceso de abandonar las armas y comenzar la capacitación de los guerrilleros, que iniciarán proyectos productivos. También se determinó que el gobierno presentará ante el Congreso proyectos de reforma constitucional para desarrollo agrario “y la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.