Más Información
Un sofisticado y meticuloso aparato privado de apellido Odebrecht de corrupción con sobornos para ganar multimillonarios contratos de construcción de obras públicas de infraestructura, que traspasó las fronteras de Brasil, penetró poderosos estratos estatales, gubernamentales, políticos y económicos en 10 países de América Latina y el Caribe y compró, capturó y acaparó prolongados espacios de influencia, decisión y privilegio, es hoy el nervio central de uno de los más graves escándalos mundiales de enriquecimiento ilícito.
La cifra inicial de coimas pagadas por la megaconstructora brasileña fue establecida en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en al menos 788 millones de dólares en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela (además de Angola y Mozambique). Washington describió el escenario en torno a Odebrecht como el “mayor escándalo” de sobornos en el extranjero de la historia.
“Odebrecht es una megaempresa criminal”, dijo el abogado panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la (estatal) Universidad de Panamá y líder de un movimiento ciudadano en contra de la impunidad. “Con premeditación, dolo y alevosía [Odebrecht] ha venido actuando impunemente gracias a la cooperación y complicidad que ha encontrado en las cúpulas gubernamentales y en los distintos órganos de los Estados latinoamericanos y caribeños, donde a lo largo de los últimos lustros ellos han actuado impunemente”, puntualizó, al ser consultado por EL UNIVERSAL.
Por su peculiar sistema bancario y financiero que permite perderle el rastro a múltiples transacciones, Panamá sirvió de plaza crucial para Odebrecht como el país en el que tuvo más funcionarios como centro de operaciones, recordó. “Aquí hicieron y deshicieron”, recalcó.
Muchos ceros
La situación se complica en las 10 naciones, con el surgimiento diario de más revelaciones sobre el complot con nuevas cifras de muchos ceros a la derecha sobre el entarimado que Odebrecht montó durante más de 15 años y cuya penetración involucró a gran número de políticos, en su mayoría ubicados en los rangos más altos de control y manipulación de las arcas públicas.
Otro dato describió la magnitud de la conspiración: el brasileño Hilberto Mascarenhas, ex directivo de Odebrecht, confesó el 6 de marzo pasado ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil que la compañía dispuso de un “departamento de sobornos” que distribuyó unos 3 mil 390 millones de dólares en sus negocios en territorio brasileño y en los demás nueve países latinoamericanos y caribeños entre 2006 y 2014.
“El peligro es que todo termine en la impunidad”, advirtió el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, organización con sede en Washington que monitorea la situación mundial de derechos humanos. “Hay un cordón umbilical que une los temas de derechos humanos con los de corrupción. Son dos caras de una misma moneda”, afirmó Vivanco en una entrevista con EL UNIVERSAL, tras alertar del riesgo de impunidad, pese a la contundencia de las denuncias por la trama Odebrecht.
“Un indicador de los problemas de abusos de poder y deterioro en derechos humanos en un país es el de los niveles de corrupción que allí existen. Y eso ocurre en Venezuela, México, Guatemala o República Dominicana, donde la institucionalidad es muy débil y no logra prevenir estos hechos o sancionarlos ejemplarmente. En ese contexto es donde florece la corrupción y el abuso de poder”, aseguró.
Tras alegar que “una condición central de la protección de los derechos humanos es que los países tengan mecanismos para prevenir todo tipo de abusos de poder”, Vivanco explicó que así como se tortura o se ataca la libertad de expresión, también se “compra” a gobiernos y a políticos para un negocio.
“Es muy importante que frente a estos abusos, las democracias cuenten con poderes judiciales independientes que identifiquen a los responsables. Esa regla se aplica para violaciones a los derechos humanos y para hechos de corrupción”, subrayó.
Ligamen
El caso Odebrecht está insertado en la operación Lava Jato, una gigantesca maniobra política, financiera y tributaria que está considerada como una de las más grandes acciones de agentes públicos y empresarios y empresas privadas para el blanqueo de dinero y la corrupción en Brasil. Cada vez que la maraña de Lava Jato es sacudida al emerger algún dato desconocido o revelación de actos corruptos, el embrollo Odebrecht es conmocionado al surgir, en contraparte, piezas o registros de otros cuantiosos pagos ilícitos.
La conspiración que envuelve a Odebrecht también tiene ramificaciones electorales continentales y ayudó a llevar a políticos latinoamericanos a la presidencia de sus países.
Las profundas investigaciones que se realizan en Brasil para destapar los entretelones interamericanos de la red de pagos de favores revelaron a principios de este mes que, con una estructura publicitaria y propagandística paralela, la constructora pagó los gastos de las campañas de cuatro políticos que llegaron a ser presidentes: Danilo Medina, en República Dominicana en 2012; el fallecido Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en Venezuela en 2013, y Mauricio Funes en El Salvador en 2009, además la del derrotado candidato oficialista José Domingo García en 2014 en Panamá.
En México, Odebrecht es acusada de desembolsar 10.5 millones de dólares para sobornos entre 2010 y 2014, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La petrolera Pemex se ha visto implicada y las investigaciones continúan.
Pese a que el principal apellido del caso es Odebrecht y aparte de Funes, Chávez, Maduro, Medina, los nombres de otros políticos emergieron en la cadena de denuncias, como los de cinco ex presidentes —los peruanos Alejandro Toledo (gobernó de 2001 a 2006), Alan García (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2001) y Ollanta Humala (de 2011 a 2016), el dominicano Hipólito Mejía (de 2000 a 2004) y el panameño Ricardo Martinelli (de 2009 a 2014)— y un presidente, el colombiano Juan Manuel Santos.
Todos rechazaron las denuncias en su contra. El dominicano Medina garantizó ante el Poder Legislativo de su país el 28 de febrero pasado que en su gobierno “no hay vacas sagradas” y que atacará la corrupción por Odebrecht.
En una alocución en la que medios internacionales de prensa le describieron como “visiblemente molesto” y sin mencionar directamente los supuestos negocios dudosos de Odebrecht en edificar obras de infraestructura en Colombia, el colombiano Santos alegó el 7 de marzo anterior que “una manzana podrida” jamás detendrá el progreso.
Frente a la avalancha continental de acusaciones y denuncias del expediente Odebrecht, Vivanco clamó para que “no exista un doble rasero” en los procesos judiciales del caso pero el abogado Bernal opinó que, salvo excepciones, en la mayoría de países implicados “los ‘coimeados’ y los ‘coimeadores’ le hacen burla a la justicia”.
