El empresario Marcelo Odebrecht declaró a las autoridades electorales que el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recaudó fondos para la campaña de su sucesora, Dilma Rousseff, quien “sabía” de los pagos irregulares realizados por la empresa a su candidatura electoral, según medios locales.
“Dilma sabía de la dimensión de nuestra donación y sabía que nosotros éramos quienes donábamos (...) quienes hacíamos gran parte de los pagos vía caja B para Joao Santana [ex publicista de Rousseff]”, aseguró el ex presidente de Odebrecht en la confesión filtrada ayer a medios brasileños.
El ex presidente de Odebrecht declaró a comienzos de mes en calidad de testigo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga la supuesta financiación fraudulenta de la campaña en que Rousseff se presentó con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como su candidato a vicepresidente. Según la filtración divulgada ayer, Odebrecht declaró que el ex presidente Lula y el ex ministro Antonio Palocci (Partido de los Trabajadores, PT) recaudaron fondos para la campaña de Rousseff en 2010.
Para la campaña de 2014, según el empresario, Rousseff habría planteado que las aportaciones que antes se destinaban al PT se dedicaran ahora a “las necesidades de la campaña de ella”.
El empresario dijo que entregó para la campaña de 2014 el equivalente a 48 millones de dólares y que al menos una tercera parte del dinero fue una “contrapartida” a cambio de unas medidas aprobadas en 2009 que favorecían los negocios del grupo. Odebrecht señaló que Rousseff también “sabía” que algunos de los pagos realizados por la compañía eran entregados a Joao Santana, quien dirigió las campañas de la ex presidenta.
Dilma negó cualquier vinculación con la supuesta financiación irregular a su campaña o con Odebrecht.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África. Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.
En Ecuador, ayer se reveló que Odebrecht pretendía llegar a un acuerdo sin entregar información ni pagar indemnización acerca de sobornos dados a funcionarios en el país.
En un comunicado, la fiscalía precisó que tales demandas fueron formuladas y rechazadas de inmediato en un encuentro realizado en Washington entre el 22 y 23 de marzo entre el fiscal general, Galo Chiriboga, el procurador general del Estado, Diego García, y representantes y abogados de Odebrecht.
Directivos de Odebrecht admitieron haber entregado a funcionarios públicos de este país coimas por 33.5 millones de dólares y logrado utilidades por 116 millones de dólares.
El comunicado precisó que el Estado busca obtener la información necesaria para “perseguir a los responsables de cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de Odebrecht en Ecuador, además un acuerdo de reparación integral indemnizatorio, por los daños que hayan generado los actos ilícitos que cometió”.
Odebrecht, que tiene prohibición legal de contratar en este país, construyó diversas obras de infraestructura en Ecuador desde fines de la década de 1980 hasta el año pasado. El gobierno del presidente Rafael Correa impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con esa empresa.
En Perú, el representante de Odebrecht dijo que la firma quiere vender sus activos para pagar a sus proveedores y proceder a la reparación civil por su implicación en el caso Lava Jato, aunque lamentó las “trabas” que ha encontrado para cumplir ese objetivo, con lo que aludió al decreto del gobierno que sometió a la empresa brasileña a un control de activos para garantizar el pago de indemnizaciones.