El presidente brasileño, Michel Temer, se reúne hoy con su ministro de Agricultura, Blairo Maggi, y empresarios del sector alimenticio para analizar el impacto que pudiera tener el escándalo de carne adulterada en el país, mientras las empresas implicadas defendieron ayer la calidad de sus productos.
Fuentes oficiales dijeron ayer a EFE que la reunión de Temer será hoy por la tarde y que la intención es establecer “estrategias” para minimizar la posible pérdida de mercados externos que puede acarrear el descubrimiento de una mafia que actuaba en el mercado cárnico nacional.
Esa mafia fue desbaratada el viernes y, según dijo la policía, estaba integrada por agentes públicos y directivos de empresas, quienes adulteraban carnes ya vencidas y las remitían a los mercados, tanto local como externos. Esas prácticas implicaban el uso de químicos para mejorar el aspecto de las carnes, la falsificación de etiquetas con la fecha de caducidad o la utilización de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos, entre muchas otras irregularidades.
Para poder comercializar los productos en mal estado, las empresas pagaban sobornos a funcionarios y según la investigación, podrían estar involucrados partidos políticos, como PMDB del presidente Temer y su aliado, el PP.
Por ese asunto han sido suspendidos 33 fiscales del Ministerio de Agricultura y han sido detenidos en forma preventiva una veintena de directivos de empresas y fiscales del área de vigilancia sanitaria.
El gobierno ha admitido que el escándalo puede repercutir en los mercados externos y, de hecho, ya la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, dos de los grandes compradores de carnes brasileñas, han demandado explicaciones sobre el caso.
Para intentar minimizar el impacto, el Ministerio de Agricultura reforzó ayer los controles e inspecciones a empresas alimenticias, así como a supermercados y frigoríficos.
Fiscales de la sanidad alimentaria recorrieron las instalaciones de una treintena de empresas que son blanco de una investigación de la Policía y al menos tres procesadoras de carnes fueron clausuradas ayer debido a que no se ajustaban a las normas de sanidad vigentes.
JBS, una de las empresas implicadas, publicó este sábado un comunicado en el periódico O Globo en el que afirmó: “En el despacho de la Justicia Federal que desató la operación, no hay ninguna mención a irregularidades sanitarias o a la calidad de los productos de JBS y sus marcas”.
En otro espacio contratado en una página completa en los diarios, el grupo BRF, también involucrado en el escándalo, “asegura su alta calidad y la seguridad de sus productos y garantiza que no hay ningún riesgo para sus consumidores”.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, dijo: “Ese problema afecta y afectará a todos. No sé cuáles serán las consecuencias”. Reconoció que “cuando una [empresa] se corrompe, lamentablemente el país entero paga la cuenta. No sólo por los productores o la imagen externa, sino también por la desconfianza que se genera en el consumidor interno”.