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El tiempo le queda corto a Michel Barnier. Desde que fue nombrado representante de la Unión Europea (UE) en las negociaciones del Brexit, el francés y antiguo comisario europeo ha estirado al máximo su agenda visitando los Veintisiete para definir la postura comunitaria ante la salida del Reino Unido.
Una de sus últimas paradas fue La Haya, en donde se reunió con el premier holandés Mark Rutte, un grupo de parlamentarios y representantes de las principales organizaciones sindicales y empresariales del país. Allí tomó nota de preocupaciones relacionadas con migración, aduanas, comercio, cooperación, seguridad, medio ambiente y energía, entre otras.
“Trate de evitar los controles fronterizos. Si realmente puede, por lo menos que nos den la oportunidad de registrarnos vía electrónica para poder entrar [a Gran Bretaña] sin demoras”, fue la petición que le hizo llegar al emisario comunitario Gerrit van Staalduinen, propietario de una empresa de transporte que calcula perderá 4 mil euros diarios si se pone fin a la libre circulación.
Barnier tiene enfrente una tarea titánica; debe reconciliar dos bandos con posturas encontradas: los que no quieren presionar demasiado para no causar una fisura irreparable en las relaciones con Londres, como es el caso de Alemania, España y Holanda; y los que abogan, como Francia, por el castigo para enfriar las ganas en otras capitales europeas de emularlos.
“Al final deberá prevalecer el punto medio, la postura que evite el fracaso del Brexit, porque si las negociaciones no son buenas el perjuicio sería para el proyecto europeo en sí mismo”, dice a EL UNIVERSAL Camino Mortera, analista del Centre for European Reform.
Hasta ahora Barnier no ha dado pistas de cuáles serán las exigencias de la Unión. Fuentes cercanas a su equipo señalan que el bloque fijará su postura hasta que la premier Theresa May active el proceso de salida de la Unión y presente las condiciones de la separación.
Pero lo que sí está claro es que May no puede esperar perder todas las obligaciones como socio permanente, como permitir la libre circulación de personas y contribuir a las arcas colectivas, y mantener todos los privilegios, como sería el acceso al mercado interior.
La familia europea igualmente es consciente de que serán las conversaciones más complejas hasta ahora realizadas por Bruselas.
“May ha sido muy ambiciosa, pero cometió un error estratégico al decir que las negociaciones durarán dos años. Las negociaciones serán sumamente complejas y el plazo para que concluyan está más cerca de los 10 años que de los dos fijados por May”, sostiene Mortera luego de sacar a colación el acuerdo de libre comercio con Canadá, mucho menos ambicioso que el previsto con Londres y en espera siete años.
Puntos sensibles. Las partes deben encontrar alternativa a un proceso de integración que inició en 1973 con la adhesión británica a la Unión. De acuerdo con un informe publicado en 2010 por la Cámara de los Comunes, alrededor de 50% de la legislación con un impacto económico significativo en el Reino Unido proviene de la normativa comunitaria.
También hay que resolver otros temas, como el futuro de instituciones y agencias europeas ubicadas en Londres —es el caso de la Autoridad Bancaria y la Agencia de Medicamento—, así como la participación británica en los programas estrella de la integración europea, como el de intercambio académico Erasmus, dotado con 2 mil millones de euros y en el que participaron 15 mil 500 británicos en 2016.
Además del tema migratorio, serán altamente sensibles las negociaciones sobre aviación, servicios y la factura de salida que tendrá que pagar Gran Bretaña. En un análisis, Alex Barker, también experto del CER, advierte que este último capítulo contiene los ingredientes para desencadenar una confrontación política y la repentina ruptura de las pláticas.
“May puede negarse a pagar, pero tendrá que vivir con las consecuencias económicas de un desordenado y abrupto Brexit”, asegura.
Hay discrepancia sobre monto. La Comisión Europea calcula que para abandonar el club, Londres tendría que liquidar unos 60 mil millones de dólares, cifra que corresponde a compromisos financieros, pensiones, préstamos y financiamiento de proyectos de inversión.
La factura abierta con Bruselas es superior al presupuesto anual de defensa de Gran Bretaña y muy por encima de las 350 millones de libras a la semana que prometió a sus seguidores la campaña del Brexit.
