La construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos requerirá expropiar cientos de terrenos privados, lo que supondrá una ardua tarea legal que podría tomarle años al gobierno federal, indicó el diario The Wall Street Journal (WSJ).
En una nota publicada este jueves en su sitio de internet, el diario señaló que el muro fronterizo que ha prometido erigir el presidente Donald Trump supondrá negociar de manera individual con los dueños de territorios en la frontera, lo que requerirá "una cantidad asombrosa de papeleo e investigación".
De acuerdo con expertos legales sobre el llamado "dominio eminente", que es la prerrogativa que tiene el gobierno de Estados Unidos de expropiar terrenos por razones del bien público, dueños poco cooperativos podrían dificultar los planes del gobierno.
La investigación fue publicada luego que el proyecto de presupuesto presentado por Trump al Congreso pidiera a fiscales del Departamento de Justicia que hagan esfuerzos "para obtener tierras y propiedades necesarias para asegurar la frontera suroeste".
Alrededor del 67 por ciento de los tres mil kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México está constituido por tierras privadas o estatales, la mayoría de ellas en Texas, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
El gobierno federal puede expropiar tierras privadas para usos públicos, pero la Constitución ordena que los dueños de propiedades reciban una "compensación justa".
Los abogados consultados por The Wall Street Journal expresaron que el gobierno federal tendría pocos problemas para demostrar el uso público en el caso del muro, pero que esto sería sólo un primer paso en "un proceso que puede llevar años".
"Podría tomar meses o incluso años para que la administración Trump negociara individualmente con los cientos de dueños de tierras privadas a lo largo de la frontera", explicó Robert McNamara, un abogado experto en el tema, miembro del Instituto por la Justicia.
El experto precisó que los abogados del gobierno a veces tienen que ir a los tribunales sólo para obtener acceso a esas propiedades a fin de obtener avalúos.
El muro fronterizo autorizado por el Congreso hace una década se retrasó debido precisamente a problemas de adquisición de tierras de un dueño privado del estado de Nuevo México.
"La adquisición de bienes raíces de propietarios no federales es un proceso costoso y demorado", dijo entonces un informe elaborado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Asimismo, el gobierno debe notificar a cualquier persona con un interés en una propiedad cuando la busca expropiar, incluidos bancos u otras entidades con un embargo preventivo.
Así el gobierno de Trump tendrá que identificar y notificar a miles de personas, así como preparar el valor de cada compensación.
La nota precisó que los propietarios además pueden presentar sus propios avalúos, y que aquellos que se resistan a vender pueden encontrar aliados en gobiernos estatales.
Congresistas estatales demócratas en Nuevo México han propuesto una legislación que impediría que el gobierno federal adquiriera tierras para construir el muro fronterizo.
En California, además, el gobernador adjunto, el demócrata Gavin Newsom, ha propuesto el uso de leyes ambientales estatales y federales para luchar contra la construcción del muro en su estado.
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