El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a negociar la nueva propuesta republicana para derogar y reemplazar la actual ley de salud con los congresistas conservadores que exigen cambios, aseguró ayer Gary Cohn, el principal asesor económico del mandatario. Mientras consejeros del magnate critican la credibilidad de la agencia que analizará el costo del cambio de sistema.
“El presidente ha sido muy abierto y transparente sobre el tema”, dijo Cohn en entrevista con Fox. “Ha estado dispuesto a aceptar mejoras en el proyecto de ley. Hemos cedido, y el presidente lo ha dicho, para asegurar que cualquier cosa que mejore el proyecto de ley para los estadounidenses, será aceptada”, afirmó.
Esta semana se presentaron dos proyectos de ley para impulsar el nuevo plan republicano sobre la reforma sanitaria de la mano del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el cual planea desmantelar algunas de las disposiciones de la actual ley, promovida por el ex presidente Barack Obama.
El ala más conservadora del partido quiere recortar aun más las ayudas a los pobres, mientras que los más moderados en el Senado se oponen a esta medida.
El presidente del ultraconservador Caucus de la Libertad, Mark Meadows, dijo ayer que sus compañeros están dispuestos a trabajar con el presidente sobre las propuestas, mientras que el senador Tom Cotton, también del sector más radical, advirtió que la ley actual no lograría la aprobación de la Cámara Alta.
Además, los asesores del presidente atacaron ayer la credibilidad de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), que ofrece estimaciones oficiales del impacto presupuestario de los proyectos de ley y tiene previsto emitir un reporte sobre el nuevo sistema de salud.
En una serie de entrevistas, el director presupuestario de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y Cohn dijeron que la CBO se enfoca en las mediciones equivocadas con las estimaciones que suministrará sobre el número de personas que están aseguradas. Señalaron que, en cambio, debería analizar si los pacientes de hecho pueden pagar el acceso a un médico.