Más Información
Al menos seis estados llevarán a los tribunales el segundo veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que fue concebido con la idea de evitar las trabas judiciales que frustraron el primer intento.
La orden ejecutiva revisada, presentada esta semana, suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán), con el objetivo de revisar los procesos de autorización de las entradas y evitar la llegada de terroristas.
La orden anterior fue inhabilitada por un tribunal federal de apelaciones tres semanas después de ser firmada por Trump. La nueva, excepto algunas precisiones y a que sacó a Irak de la lista de países vetados, es muy similar.
El decreto más reciente, que el Ejecutivo dijo que está pensado “para evitar litigios”, ya cuenta con la oposición judicial de los estados de Hawaii, Washington, Nueva York, Oregon, Minnesota y Massachusetts.
El fiscal general de Hawaii, Doug Chin, fue el primero presentar su demanda legal contra los intentos de Trump de bloquear la entrada de refugiados y personas de países de mayoría musulmana, una medida que la Casa Blanca considera necesaria para prevenir ataques terroristas.
En una rueda de prensa ayer, Chin dijo que su demanda se centra en resaltar el daño que ese decreto implica para la economía y turismo del estado, y en poner en evidencia la ilegalidad de un proceso que “discrimina por razón de nacionalidad”.
“Con la orden, como nosotros la vemos, el Ejecutivo se arroga el papel de diseñar una ley que le corresponde al Congreso, en la que se prohíbe, sin establecer estándares, la entrada al presuponer que ciertas personas son más inclinadas a ser terroristas”, explicó.
“Este no es un asunto político. Si Hawaii no se posiciona frente a la discriminación estará deshonrando a nuestra historia y nuestro pueblo”, apuntó Chin, quien recordó la diversidad del estado y el dolor que produjo entre aquellos que se vieron afectados 75 años atrás por los campos de internamiento de americano-japoneses durante la II Guerra Mundial.
Por otro lado, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, anunció que su línea de ataque contra la nueva orden migratoria de Trump será argumentar que la sentencia del tribunal federal de apelaciones que suspendió el primer veto sigue vigente y se aplica a la nueva versión del decreto.
A Ferguson se le sumaron ayer los estados de Oregon, Nueva York, Minnesota y Massachusetts, que presentarán de manera conjunta la semana que viene una enmienda para, en la práctica, equiparar el primer y segundo veto de Trump, y desechar el argumento de la Casa Blanca de que el más reciente decreto sustituye al anterior.
“La última orden ejecutiva del presidente Trump es una prohibición a musulmanes con otro nombre, al imponer políticas y protocolos que una vez más violan (...) la Constitución de Estados Unidos”, aseguró en un comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. “Estamos consolidando nuestros esfuerzos legales con otros estados liderados por Washington para continuar cuestionando las política ilegítimas en inmigración de esta Administración”, indicó Maura Healey, la fiscal general de Massachusetts.
“Estamos bastante tranquilos y confiados con la forma en que se ha redactado la orden ejecutiva”, reaccionó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. La anterior orden ejecutiva entró en vigor en enero sin previo aviso y afectó a personas que tenían sus papeles en regla; el nuevo decreto sólo afecta a extranjeros sin visado y no niega la entrada a nadie de manera indefinida, como hacía la primera orden.
