Las fuerzas de seguridad turcas han cometido cientos de asesinatos e innumerables violaciones de los derechos humanos durante operaciones en el sudeste del país, donde también han destruido muchas localidades, denunció hoy la ONU.
Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla que entre 335 mil y 500 mil han sido desplazadas de sus hogares, la mayoría de origen kurdo, y más de treinta localidades han quedado totalmente destrozadas.
El documento habla de desapariciones forzadas masivas, incitación al odio, bloqueo de acceso a ayuda médica de emergencia, a comida, agua y cualquier tipo de asistencia de supervivencia, así como violencia sexual contra las mujeres.
"Estoy particularmente muy preocupado porque no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre el supuesto asesinato de cientos de personas, incluyendo mujeres y niños en un periodo de 13 meses, entre julio de 2015 y agosto de 2016", denuncia el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, según un comunicado.
"Sobre todo porque no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes", agrega.
Concretamente, el informe habla del caso de 189 personas en Cizre, incluidos niños, que estuvieron atrapados durante semanas sin los elementos básicos para sobrevivir, y que después murieron tras ser atacados con armamento pesado.
"La posterior demolición de los edificios destruyó evidencias y ha impedido que se pueda identificar los restos", precisa el texto.
"Las autoridades locales en lugar de abrir una investigación para determinar lo qué ocurrió y porqué se usó artillería pesada, acusó a las personas asesinadas de ser terroristas y llevó a cabo actos de represión contra sus familiares", agrega.
A pesar de las repetidas solicitudes de acceso a la región por parte del Alto Comisionado desde que la violencia comenzó en diciembre de 2015, el Gobierno turco se ha negado rotundamente a que se verifique de forma independiente lo que sucede en la zona.
Ante este bloqueo, los expertos han tenido que verificar la situación mediante imágenes de satélite que muestran vecindarios enteros totalmente arrasados.
El informe además expresa "su preocupación" por la política de expropiación de la tierra de las comunidades, legalizada con una decisión del Consejo de Ministros de marzo de 2016.
lsm