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El gobierno conservador de Mariano Rajoy aumenta la dureza contra el cannabis en España. En respuesta a la creciente tolerancia que exhiben muchas regiones del país, el gobierno central ha decidido atacar en los juzgados todas las iniciativas a favor de la regulación.
En España han proliferado esta década pequeños clubes de cannabis que se amparan en que existe un limbo legal alrededor del consumo para reunir a fumadores que quieren impulsar una regulación del sector.
Hasta hace un año los clubes vendían pequeñas cantidades de cannabis a sus socios, pero los jueces lo prohibieron. Le Santa Le Club es uno de ellos, abierto desde hace seis años en Madrid. “Somos fumadores, pero este es un club de activistas. Propugnamos un cambio social”, explica Pedro, su presidente. Al lugar se entra después de pasar una puerta con cerradura biométrica para evitar robos.
Pedro ha sido detenido cinco veces, y sólo le queda un juicio pendiente. En dos ocasiones el juez les devolvió el cannabis incautado, y en las paredes del club exhiben orgullosas fotografías para celebrarlo.
Los avances en el reconocimiento del cannabis han sido grandes en pocos años, desde que los fumadores se han organizado y recurrido a maquinaria legal más eficaz, junto a lobbys que han sofisticado el debate.
Ante estos avances, el gobierno ha respondido con dureza. La semana pasada confirmó que recurrirá ante el Tribunal Constitucional una ley vasca que incluye una regulación oficiosa de los clubes de cannabis. Este mismo tribunal ya suspendió una norma similar en Navarra, en 2015.
El País Vasco es una de las regiones europeas donde se documenta el mayor consumo de cannabis: sólo en la ciudad San Sebastían existen 21 clubes de fumadores.
Según las estadísticas, España es el país europeo que más cannabis fuma, por encima de Holanda, el viejo nirvana de la marihuana. El Observatorio Europeo de las Drogas asegura que 66% de las incautaciones de hachís fueron en España. Según datos del lobby a favor del cannabis Regulación Responsable, hay 4 millones de consumidores y el sector mueve mil 300 millones de euros.
El proceso de regulación sufrió un duro golpe en 2015. Hasta entonces existía un vacío legal que los clubes usaban para expedir marihuana entre sus miembros. Sin embargo, el 15 de septiembre de ese año el Tribunal Supremo condenó a una asociación de cannabis vasca por un delito contra la salud pública, creando un precedente que obligó a los establecimientos a dejar de distribuir droga.
“Vamos claramente hacia la regulación. Está siendo una lucha dura, pero apasionante. El gobierno ahora sólo quiere ganar tiempo, entre otras cosas para que su electorado más conservador asuma el cambio social. La regulación es la dinámica internacional, y España es el país europeo mejor colocado para que esto suceda en breve”, afirma Pedro.
En el club tenían contratadas en el momento de la sentencia siete personas, contaban con 620 socios y llevaban pagados 24 mil euros en impuestos. “Tuvimos que dejar de expedir, porque no queremos líos”, explica Pedro, quien señala: “Queremos impulsar la legalización del cannabis, argumentando a partir de la ley. Hemos tenido que dar un paso atrás. Ya no hay nadie contratado y hemos bajado a 220 socios, pero seguiremos haciendo activismo”.
