El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con castigar a ciudades y otras entidades locales que den refugio a migrantes que viven en el país de forma ilegal negándoles fondos federales.
¿Puede hacer eso el Presidente?
La mayor parte del dinero que aportan los contribuyentes está fuera del control de Trump. Pero una parte relativamente pequeña del presupuesto federal incluye subvenciones distribuidas por agencias y directores de departamentos gubernamentales nombrados por el republicano, y cuyos programas podrían verse afectados.
¿Con qué amenaza Trump?
Tanto a través de una reciente orden ejecutiva, como el domingo en una entrevista con el periodista de la cadena Fox, Bill O'Reilly, Trump amenazó con "no financiar" a las llamadas ciudades santuario retirándoles las ayudas federales. Estas son ciudades y otras municipalidades que, generalmente, acogen a migrantes que están en el país sin los permisos necesarios negándose a ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes migratorias.
Entre estas ciudades santuario están Nueva York, Chicago y Los Ángeles, además de jurisdicciones más pequeñas como Takoma Park, Maryland, Cambridge, Massachusetts, y Chapel Hill, North Carolina.
"No quiero retirar los fondos a nadie. Quiero darles el dinero que necesitan para funcionar adecuadamente como una ciudad o estado", manifestó Trump en la entrevista con O'Reilly. "Si van a tener ciudades santuario, quizás nosotros podamos hacer eso. Sin duda sería un arma".
El tamaño que podría tener ese arma es algo que no está claro. La amenaza de Trump fue suficiente para hacer que el alcalde del condado Miami-Dade, el republicano Carlos Gimenez, abandonase su estatus de santuario. Pero muchas otras ciudades prometen pelear.
¿Qué dinero retiraría Trump?
Ante la amenaza de retirada de fondos efectuada por Trump hay que saber que la mayor parte de los fondos federales no está bajo el mandato del Presidente. Los pagos a particulares, como beneficios seguridad social o beneficios sanitarios del Medicare, Medicaid o la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, están descartados. Otras grandes partidas de dinero federales, que se establecen mediante una fórmula, como la financiación para autopistas o las ayudas a escuelas desfavorecidas están también fuera de la mesa, como ocurre con programas de subvenciones para alquileres o calefacción o cupones de comida.
Los que quedan son los programas discrecionales. La orden señala que las jurisdicciones santuario "no son elegibles para recibir fondos federales, excepto los absolutamente necesarios para la aplicación de la ley".
El enunciado es muy amplio y abarcaría cualquier programa que puedan solicitar esas ciudades y estados y que se distribuyen según el criterio de los directores de las agencias.
Esas partidas incluyen ayudas para saneamiento y aguas entregadas por la Agencia de Protección Medioambiental, dinero para ayudar a las comunidades a comprar equipos para servicios de emergencia como los bomberos, y becas especiales de transporte contempladas en la ley de estímulo económico de 2009 del ex presidente Barack Obama.
Por otra parte, hay un precedente legal que dice que el gobierno federal tiene que establecer un vínculo concreto entre la financiación que pretende retirar y lo que se exige a los estados — en otras palabras, el castigo debe ajustarse al delito. Si se aplica de forma restrictiva, la medida contra las ciudades santuario podría limitarse a un puñado de programas menores de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
Este enfoque afectaría a iniciativas como ayudas para asistencia jurídica, contratación de policías o fondos para programas contra la violencia hacia las mujeres. Otro programa devuelve al estado y a los gobiernos locales parte de los costos de mantener a migrantes sin permisos en prisión.
¿Podría haber complicaciones legales?
Sí.
El gobierno no detalló cómo se aplicará la norma, pero las complicaciones legales se producirían una vez se utilice contra una ciudad o un estado. Por otra parte, los críticos dicen que la orden ignora los precedentes legales que sostienen que el ejecutivo federal no puede obligar a los empleados de jurisdicciones locales a aplicar leyes federales.
lsm