Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) pactaron ayer en la cumbre informal de La Valeta, “subarrendarle” a Libia la seguridad de las fronteras exteriores. Trípoli se convierte así en la segunda pieza del rompecabezas del sistema de seguridad fronterizo comunitario, el cual ha venido diseñándose desde el éxodo de refugiados en 2015.
El primer componente fue Turquía; el acuerdo entre Bruselas y Ankara celebrado el año pasado permitió cerrar prácticamente la ruta de los Balcanes.
Ahora, Bruselas, por insistencia de Italia, pretende usar a Libia para clausurar la ruta del Mediterráneo central, por donde se detectaron más de 181 mil llegadas clandestinas en 2016. “Los esfuerzos de estabilización de Libia son ahora más importantes que nunca y la UE hará todo cuanto sea posible para contribuir a la realización de ese objetivo”, reza la declaración de Malta.
Según el documento adoptado por los 27 socios comunitarios (Gran Bretaña fue excluida de la reunión), la UE dará prioridad a la formación de la guardia costera nacional libia y a la desarticulación de las redes de tráfico. También asistirá a las comunidades de las zonas costeras y terrestres situadas en las rutas migratorias, “para mejorar su capacidad de resistencia como comunidades de acogida”.
Para cubrir las necesidades de financiamiento, como primera medida, se aprobó un fondo inmediato por 200 millones de euros, aunque se espera el desvío de más recursos procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, dotado con mil 800 millones de euros procedentes de la UE y 150 millones de aportaciones de los Estados miembros.
“Resulta necesaria la estabilidad de Libia y de la región en su conjunto. Al tiempo que mantenemos nuestro apoyo a este proceso, podemos impulsar medidas para ayudar a cambiar las cosas, salvar vidas y acabar con el modelo de negocio de los pasadores de fronteras y los traficantes”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Jean Claude Juncker.
Un grupo de relatores especiales de la ONU —entre ellos François Crépeau, encargado de los derechos humanos de los migrantes, y Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos inhumanos— lamentó el énfasis policiaco de la estrategia migratoria europea.
Sostuvieron que las medidas de cooperación discutidas con Argelia, Túnez, Libia y Egipto se enfocan en la lucha contra el tráfico ilícito, el reforzamiento de las fronteras y la prevención de nuevas rutas migratorias, en lugar de velar por los derechos humanos.
En el caso de Libia, indicaron que el acuerdo equivocadamente le otorga el título de “país seguro” y legitima prácticas recurrentes hacia los migrantes, como detenciones arbitrarias, tortura, maltrato, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas.
“Los migrantes en Libia son explotados como trabajadores no remunerados y bajo otras formas de esclavitud contemporánea; las mujeres corren peligro de ser violadas”, se señaló.
“Los centros de detención libios están severamente sobrepoblados, sin acceso a baños, ventilación, alimentos o agua potable, no hay acceso a proceso legal”, alertó.
Desde la caída del régimen del coronel Muammar Gaddafi, en 2011, Libia carece de un gobierno central y diversas fracciones se disputan el poder. La situación económica es cada vez más precaria. El PIB retrocedió 8.3% en 2016 y las exportaciones de crudo cayeron de 1.6 millones de barriles, en 2010, a 391 mil, en 2016.
De acuerdo con la Comisión Europea, 19% de la población necesita ayuda humanitaria y el número de migrantes que cruzan Libia con destino Europa aumentó de 153 mil en 2015 a 181 mil el año pasado.