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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió ayer a Florida para pasar el fin de semana en su hotel Mar-a-Lago, después de una nueva agitada jornada en la que comenzó la marcha atrás de la reforma financiera de 2010 y se impusieron sanciones económicas a Irán, que dijo que responderá de forma “proporcional y recíproca”.
Desde temprano, Trump tuiteó que Irán está “jugando con fuego” con sus pruebas con misiles de largo alcance. “Ellos no aprecian cuán ‘amable’ fue el presidente [Barack] Obama con ellos. ¡Yo no!”. La respuesta iraní vino también vía Twitter. “Irán inmóvil por las amenazas, mientras obtenemos seguridad de nuestro pueblo. Nunca iniciaremos la guerra, pero sólo podemos confiar en nuestros propios medios de defensa”, escribió el canciller iraní Javad Zarif.
Horas después, Trump subió de tono la confrontación. La Casa Blanca anunció sanciones contra 13 individuos y 12 entidades que participan en el programa misilístico de Irán y que apoyan a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las sanciones suponen la congelación de los bienes que puedan tener los afectados en bancos estadounidenses y prohíbe a las empresas y particulares estadounidenses hacer negocios con ellos, so pena de ingresar a la “lista negra” de EU.
De nuevo, la respuesta de Irán fue inmediata. El Ministerio de Exteriores iraní dijo en un comunicado que “la diletante e irracional política del nuevo gobierno de EU no va a cambiar los principios de la política iraní”. Añadió que se impondrán “restricciones legales a un número de individuos o entidades implicadas en la financiación y apoyo a grupos extremistas en la región”, pero no reveló nombres. Insistió en que el sistema iraní de misiles “sólo tiene fines defensivos y es para portar armas convencionales”.
Con dos nuevas órdenes ejecutivas, Trump dio formalmente inicio al proceso de revocación de la reforma financiera aprobada en 2010 por su predecesor Barack Obama, conocida como Ley Dodd-Frank, con la que se buscaba aumentar la regulación y supervisión del sistema financiero para evitar la toma de riesgos que desembocó en la aguda crisis de 2008. La medida es en gran medida simbólica, ya que es el Congreso el que debe retirar la ley Dodd-Frank, a la que el portavoz de Trump, Sean Spicer, acusó de estar “dañando la capacidad de la economía de crear empleo y crecimiento”.
