Washington.— El gobierno de Donald Trump dio ayer luz verde a las deportaciones inmediatas con la divulgación de dos memorándums en los que se amplía el espectro de personas que pueden ser expulsadas y se oficializa la contratación de más de 15 mil agentes de seguridad en la frontera.
Se detalla que se pondrá a discusión la ayuda que recibe México en asistencia para el control de fronteras y seguridad y se abre la puerta a que EU expulse a territorio mexicano a cualquier indocumentado que trate de entrar en su territorio mientras se realizan las audiencias migratorias o de petición de asilo correspondiente. Hasta ahora, la espera se hacía en centros de detención de EU.
Las nuevas directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, son la aplicación práctica de los decretos ordenados por Trump hace casi un mes, e implican un cambio radical con respecto a la política de Barack Obama.
Hasta ahora, sólo los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves estaban en la mira de la Patrulla Fronteriza; con Trump se multiplican. Cualquiera con un historial policial, aunque sea menor, será sujeto a la deportación, así como aquellos que “abusen” del sistema de bienestar público de EU o quienes, a juicio de los agentes policiales, puedan suponer una “amenaza para la seguridad nacional” del país.
La Casa Blanca rechaza que se esté poniendo en marcha la máquina de deportación que Trump prometió en campaña. Cuestionado al respecto, el vocero Sean Spicer respondió tajante: “No”. Explicó que “la orden garantiza” que se cumpla la ley con “el millón de personas o algo así cuyos casos han sido decididos, que el ICE [la autoridad migratoria] prioriza”, y que se “cree un sistema de priorización, que garantiza que tengamos un sistema de modo que proteja a este país”. No detalló que con la nueva administración el concepto “criminal” es mucho más amplio e incluye delitos menores como multas de tránsito o, sin ir más lejos, el hecho de estar sin papeles en EU.
Con esto, los más de 11.1 millones de indocumentados se convierten, de facto, en objetivo de deportación.
Los únicos que de momento están a salvo son los dreamers, jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) del ex presidente Obama. “Nada de esto afecta al DACA”, aseguró un oficial del DHS en una llamada con periodistas.
Las directrices también apuntan a una aceleración de los procesos de deportación, casi de forma inmediata a la detención. Esta política sólo se ejercía en las personas arrestadas hasta a 161 kilómetros de la frontera en las primeras dos semanas de haber entrado a EU. Ahora se aplicará en todo el país y a personas con hasta dos años de permanencia.
Para lograrlo, el operativo de control de fronteras deberá ampliar su presupuesto y sus efectivos. Es por eso que se contratará a 15 mil nuevos agentes para las diversas agencias y servicios que controlan las fronteras, migración y aduanas, y reforzará la implicación de las policías locales en tareas de inmigración. “Estados Unidos necesita agentes y oficiales adicionales para asegurar un control completo y operativo de la frontera”, se lee en el memorando. También se ampliará el número de centros de detención.
Los documentos también precisan que el muro ya se está empezando a diseñar y el gobierno ha detectado tres puntos en los que se iniciará la construcción, porque la actual separación “no es efectiva”: El Paso/Ciudad Juárez, Tucson/Nogales y El Centro/Mexicali.
Irónicamente no está en las prioridades el sector del Río Grande/Río Bravo, principal punto de entrada de inmigrantes. Se precisa que la primera fase de la construcción será pagada con partidas presupuestarias que ya se debaten en el Congreso. Las especificaciones de la construcción están en estudio, pero se estima que un informe completo sobre el tema debería estar listo en menos de cinco meses.
Rechazo generalizado. La oposición a las medidas no se hizo esperar por parte del gobierno mexicano, legisladores y organismos sociales. El embajador designado para EU, Gerónimo Gutiérrez, dijo que los memorándums son “motivo de preocupación” y “una cosa muy seria” para México.
El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, señaló que “que la Casa Blanca está poniendo en marcha un plan de deportación masiva, instruyendo a los agentes de inmigración a que detengan y rápidamente deporten a cualquier indocumentado”.
“Es indignante e inaceptable que el ICE dirija sus esfuerzos a arrestar a familias inmigrantes inocentes que contribuyen a nuestro país y trabajan para alcanzar el sueño americano”, expresó. En el lado republicano, la representante Ileana Ross-Lehtinen alertó que con estas medidas podría ser detenida “mucha gente buena” que no ha cometido crímenes.
Omar Jadwat, director del proyecto de derechos de inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), advirtió que “el presidente Trump no tiene la última palabra: los tribunales y la opinión pública no permitirán que este sueño antiestadounidense se convierta en realidad”, aseguró.
Con información de agencias
