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Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, fue condenado ayer a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. Se trata del primer miembro de la familia real que irá a prisión. Su esposa, la infanta Cristina de Borbón, ha sido absuelta, pero el tribunal reconoce que se benefició del dinero fraudulento y deberá restituir a Hacienda 265 mil euros.
La Fiscalía Anticorrupción pedía 19 años para Urdangarin por el llamado caso Nóos, en el que usó una falsa fundación benéfica para lucrarse explotando sus contactos y la imagen de la Casa Real. Las tres magistradas responsables de la sentencia lo han condenado por seis de los ocho delitos que se le imputaban, pero en todos los casos le han atribuido las penas mínimas, admitiendo como atenuante que haya reparado el daño causado.
La sentencia puede ser recurrida en el Tribunal Supremo y el ingreso en prisión podría retrasarse hasta un año, durante el que Urdangarin podría permanecer libre. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una vista para la semana que viene en la que ha asegurado que estudia pedir el ingreso en prisión inmediato. Urdangarin, que vive en Suiza con la infanta, también deberá pagar medio millón de euros.
A Cristina de Borbón no la acusaba la Fiscalía, sino un polémico sindicato llamado Manos Limpias, que pidió para la hermana de Felipe VI, sexta en la línea de sucesión real, ocho años de cárcel por colaboración en los dos delitos fiscales de Urdangarin como copropietaria de una de las sociedades pantalla que éste utilizaba para desviar dinero del instituto a sus cuentas. La infanta ha sido sólo condenada a devolver dinero que gastó sin saber que había sido ganado por su marido ilegalmente. Al principio del juicio, en diciembre de 2014, ella ya consignó 500 mil euros en la cuenta del juzgado, por lo que, en la práctica, Hacienda deberá devolverle 300 mil euros.
El fallo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se considera histórico. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real española se sienta ante un juez.
La sentencia llega 11 años después de que la prensa destapara el escándalo, cinco después de que empezara la investigación, y tras ocho meses de un juicio rodeado de polémica. El Instituto Nóos, una institución supuestamente sin ánimo de lucro que dirigían Undargarin y su amigo Diego Torres, fue el vehículo que ambos utilizaron para lucrarse. Aprovechando las conexiones y la buena imagen de Urdangarin (que además de familiar del Rey fue jugador de balonmano del F. C. Barcelona y medallista olímpico) conseguían contratos públicos relacionados con eventos y conferencias deportivas. Urdangarin persuadía a administraciones públicas para que encargaran a Nóos trabajos que nunca se hacían o que se hicieron con presupuestos desorbitados, de hasta 6 millones de euros. Luego, mediante sociedades pantallas, él y Torres desviaban el dinero hacia sus cuentas en lugar de dedicarlo a las acciones benéficas en las que aseguraban reinvertirlo.
En total, 17 personas estaban acusadas en la trama, incluidos políticos de primera línea del conservador Partido Popular. Sólo nueve de ellos fueron condenados. Diego Torres ha sido el que ha recibido una pena mayor: ocho años y medio de prisión.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró ayer que “la infanta tiene la satisfacción de que se haya reconocido su inocencia, pero el golpe de que su marido haya sido condenado a prisión a pesar de que ella continúe creyendo en su inocencia”.
El ministro portavoz del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que “esta sentencia demuestra que el estado de derecho funciona”. El Partido Popular la ha calificado como una sentencia “dura”, mientras que Podemos consideró que la infanta debería de haber sido condenada.
La Casa Real no hizo declaraciones, y sólo expresó su “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”. Mientras el fallo se hacía público, el Rey Felipe estaba en Madrid en una exposición de pintura, y luego acudió a un almuerzo con el presidente de Hungría sin hacer mayor referencia a la condena de su cuñado.
El caso Nóos ha supuesto un gran desprestigio para la Familia Real española y está entre las razones que precipitaron la abdicación de Juan Carlos I el 19 de junio de 2014. Durante el juicio se revelaron correos entre Torres y Urdangarin que revelaban la falta de ética del cuñado del Rey Felipe, tanto en la gestión de los negocios como en su vida privada.
La infanta Cristina y Urdangarin se casaron en 1997 y tienen cuatro hijos. Considerados una pareja modelo, cuando el escándalo estalló se mudaron desde Barcelona a Washington, donde Urdangarin trabajó para la empresa Telefónica. En 2011, cuando su implicación en el caso se hizo evidente, la Casa Real los apartó de sus actividades oficiales y censuró al yerno real por su actitud “poco ejemplar”. En 2015, el Rey Felipe les retiró también el título de duques de Palma. Desde entonces las relaciones entre la infanta y su hermano están rotas.
La pareja reside en Ginebra, donde la infanta tiene un puesto en una fundación del banco La Caixa. La prensa española asegura que Cristina de Borbón y sus hijos se trasladarán a Lisboa cuando acabe el curso escolar. Allí, ella se emplearía en la fundación Agha Khan y podría estar más cerca de la prisión en la que eventualmente sea ingresado Urdangarin.
A pesar de su exculpación penal, la imagen de la infanta ha quedado muy dañada por el juicio. Gran parte de su defensa se centró en demostrar su poca familiaridad con los trámites económicos y administrativos más prosaicos. José Antonio Zarzalejos, exdirector del diario monárquico ABC y voz de referencia entre los conservadores moderados en España, opinaba ayer tras la sentencia: “La renuncia de la infanta a sus derechos sucesorios sigue siendo una demanda –simbólica pero sugestiva de su consideración a los ciudadanos agraviados- a la que debe atender”.
