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El heredero del grupo Samsung y vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, fue detenido hoy acusado de soborno dentro del caso de la "Rasputina" surcoreana, informó la agencia Yonhap.
El arresto de Lee llega después de que los fiscales que instruyen el caso de corrupción, que causó la destitución de la presidenta surcoreana Park Geun-hye, pidieran por segunda vez el martes una orden de detención contra el magnate.
La justicia de Corea del Sur trata de establecer si el directivo, de 48 años, autorizó que el conglomerado que lidera de facto a dar apoyo financiero a Choi Soon-sil, apodada la "Rasputina surcoreana", a cambio del visto bueno del gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.
Un tribnual de Seúl rechazó una solicitud de detención previa en enero pero los fiscales del caso argumentaron que tras tres semanas de investigación adicional, había conseguido nuevas pruebas.
Además de por soborno, los instructores del caso acusan al máximo responsable de Samsung de obstrucción a la justicia y de violación de la ley sobre la transferencia de activos en el extranjero.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43. mil millones de wones (35 millones de euros/ 37 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por la "Rasputina" -apodada así por su amistad con la presidenta y su capacidad para influir en decisiones del Gobierno.
Sin embargo, Lee siempre ha negado cualquier irregularidad y el que su grupo empresarial recibiera ningún trato de favor por ello.
Lee Jae-yong tomó las riendas del conglomerado el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que lo mantiene hospitalizado y sin habla.
La Rasputina permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de la presidenta, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados además otros miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre destituir a la presidenta Park; la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir a favor o en contra del proceso.
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