Cuando las nuevas oleadas de migrantes deportados desde Estados Unidos empiecen a llegar a Guatemala, El Salvador y Honduras, por las redadas que el gobierno del presidente Donald Trump ha empezado a ejecutar desde la semana pasada, los repatriados a la fuerza se toparán con un escenario triste y muy conocido: en sus países persisten las mismas condiciones de violencia, exclusión social y falta de opciones económicas que provocaron su migración irregular a suelo estadounidense.
Aunque las alarmas de expulsiones masivas desde Estados Unidos comenzaron a sonar desde 2014, y se intensificaron el año pasado durante la campaña electoral, los gobiernos de la región centroamericana nunca adoptaron medidas excepcionales para recibir a los deportados y ofrecerles alternativas socioeconómicas, porque la situación de inseguridad, pobreza y desigualdad se agudiza sin visos de cambios profundos.
“Todo tiende a agravarse”, afirmó Karla Rivas, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, ente no estatal de El Progreso, ciudad del departamento de Yoro, en el noroccidente de Honduras, región que genera intensos flujos de migrantes irregulares.
“Las condiciones que provocan que la gente salga del país y las necesidades que el Estado hondureño no satisface están vigentes. Por eso la gente sigue yéndose”, declaró Rivas a EL UNIVERSAL.
“El problema es este nuevo escenario con la ejecución de las órdenes de Trump: lo que está esperándose es que venga más gente [deportada], pero las condiciones no han cambiado. No se mejoró en nada”, alertó, al referirse a redadas antiinmigrantes del pasado fin de semana en EU que dispararían las cifras de deportaciones en las próximas semanas.
Datos de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras actualizados ayer mostraron que Estados Unidos pasó de deportar 72 mil 995 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en 2015, a 78 mil 485, en 2016.
Promesa sin cumplir. Aunque los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, se comprometieron en 2014 a combatir las causas que provocan la migración ilegal, controlada por mafias de tratantes de personas o coyotes, la situación sigue sin variantes.
El compromiso fue asumido desde que, a mediados de 2014, se agravó un conflicto migratorio en la frontera entre México y EU con los centroamericanos menores de edad de ambos sexos que, sin compañía, migraron masivamente en condiciones irregulares a suelo estadounidense y provocaron una crisis que se prolongó en 2015 y 2016.
“Ni se hizo ni se hará nada. El flujo que provocó la crisis de 2014 no era nuevo, puesto que venía ocurriendo y continuó ocurriendo. Se siguen yendo [los menores]. Lo único que se hizo fue que se remodelaron los albergues donde se reciben a los deportados. Pero no ha habido cambio de las condiciones sociales y económicas”, adujo Rivas.
Más de la mitad de los 31 millones de habitantes del Triángulo vive en distinto rango de miseria. El número de homicidios en las tres naciones apenas disminuyó de 16 mil 582 en 2015 a 14 mil 952 en 2016, pero los datos todavía son preliminares.
Al “lamentar” las medidas represivas como las redadas, el guatemalteco Leonel Dubón, director ejecutivo de El Refugio de la Niñez, ente no estatal de Guatemala que rescata a víctimas de la trata de personas, declaró que en el Triángulo “hubo suficiente tiempo para generar condiciones para que la población tuviera mejores oportunidades de vida”. Sin embargo, desde 2014, “es mínimo lo que se ha hecho”, lamentó
“La realidad es que la migración a EU y México se ha incrementado. Muchos regresarán deportados a condiciones peores por las que se fueron”, sentenció.
