Las actividades de promotores del impuesto a los refrescos en México fueron vigiladas con un programa de espionaje diseñado por una empresa de Israel, de acuerdo con una nota publicada hoy en el sitio web del diario The New York Times (NYT).
La nota indicó que los individuos sujetos de espionaje recibieron además el verano pasado mensajes de texto amenazantes de números no identificados.
Las víctimas del espionaje fueron Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; y Luis Manuel Encarnación, entonces director de Fundación Mídete, dedicada a luchar contra la obesidad, explicó NYT.
Alejandro Calvillo, activista y fundador de El Poder del Consumidor, otra organización que ha impulsado el combate a la obesidad infantil, también recibió mensajes amenazantes y aparentemente fue espiado, agregó el diario neoyorquino.
Todos ellos eran partidarios de un impuesto a los refrescos establecido en 2014, que busca reducir el consumo de bebidas azucaradas en México, donde enfermedades vinculadas al sobrepeso matan a más personas cada año que la violencia criminal.
Varios de los mensajes contenían un vínculo a programas espía desarrollado por NSO Group, una empresa israelí que vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y tiene contratos con varias agencias oficiales de México, de acuerdo con el Times.
“El descubrimiento de los programas espías en los teléfonos de los impulsores de un impuesto desata preguntas sobre si las herramientas están siendo usadas para avanzar en los intereses de la industria refresquera de México”, destacó el diario.
NSO Group y otras decenas de empresas que venden programas de espionaje operan en un mercado en buena medida desregulado, en el que cada agencia gubernamental decide a quién van a hackear con las herramientas.
Estos programas espías pueden rastrear cada llamada, mensaje de texto, correo electrónico, ubicación, sonido, imagen y hasta las teclas pulsadas en un celular.
Los mensajes coincidieron con un esfuerzo planeado por organizaciones activistas e investigadores de la salud, entre ellos Barquera, Calvillo y Encarnación, para coordinar una campaña mediática con el fin de impulsar que el impuesto al refresco aumentara el doble, apuntó el diario.
Lorena Cerdán, directora de ConMéxico, que representa a las mayores refresqueras instaladas en México, dijo que el grupo no tenía conocimiento del hackeo.
Mientras tanto, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que lo sucedido con los activistas en materia de nutrición demuestra que “la vigilancia en México está fuera de control”.
