Estados Unidos ha vivido en las últimas horas las primeras grandes redadas de la era Donald Trump. Varias organizaciones proderechos de los inmigrantes calculan en más de un centenar los detenidos y deportados en varias ciudades del país.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó la detención de 161 migrantes durante los últimos cinco días en seis condados del sur de California, pero aseguró que los arrestos fueron “rutinarios”. Detalló que de los detenidos, 151 tenían historial delictivo y el resto órdenes de deportación pendiente o habían sido expulsados con anterioridad del país. Vía Twitter, el ICE aseguró: “Deportaremos a los indocumentados acusados de felonías, tal como ordena la autoridad migratoria”.
Las cifras del ICE no coinciden con las de activistas, que afirman que sólo en las últimas 24 horas más de un centenar de personas (la cifra podría llegar a 130) fueron arrestadas en el área metropolitana de Los Ángeles. El consulado de México en la ciudad dijo que entre ellos hay al menos 16 connacionales. Anoche se reportaron redadas en Los Ángeles y en Texas.
Según cifras del consulado mexicano en Austin, Texas, allí fueron detenidas al menos 30 personas.
Las redadas se multiplicaron en varias zonas del país: Carolina del Norte, Texas, Georgia, Indiana. Las autoridades entraron en casas. Preguntaron en fábricas y sitios de trabajo. Hicieron registros aleatorios de documentación. Según activistas, una persona fue detenida cuando hacía las compras en el supermercado.
Desde CASA, una asociación proinmigrante de la región metropolitana de Washington, explicaron a EL UNIVERSAL que no se han visto redadas por la zona de su influencia (Maryland, Pennsylvania), pero sí un “incremento en personas con órdenes de deportación”, normalmente detectadas en sus vehículos y arrestadas por tener antecedentes de delitos menores, como sanciones de tráfico.
Las noticias de las redadas corrieron entre las asociaciones de derechos civiles e inmigrantes. “No fue normal, pareció una operación coordinada”, aseguró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). Las protestas se multiplicaron por el país.
Salas afirmó que las cosas “han cambiado mucho desde el 20 de enero”, día de la toma de posesión de Trump como presidente 45 de EU. El republicano basó gran parte de su campaña electoral victoriosa en la criminalización de la inmigración. En aras del cumplimiento de sus promesas de campaña de detener a los indocumentados y deportarlos (puso la cifra de 3 millones, por lo menos), dos de las órdenes ejecutivas firmadas en las tres semanas que lleva en el poder se enfocan, precisamente, en este colectivo.
“No hay duda de que éste es el comienzo de todo lo que ha prometido Trump, lo que es un ataque a nuestra comunidad inmigrante”, dijo a EL UNIVERSAL Fernanda Durand, portavoz de CASA.
El 27 de enero, a la vez que ordenaba la construcción del muro en la frontera con México, ampliaba la lista de perfiles prioritarios para la deportación. “Pocas semanas desde este decreto y ya hemos visto el peaje humano devastador de las acciones de este presidente”, se quejó la presidenta de la Asociación Nacional de La Raza, Janet Murguía.
El jueves, en el decreto de creación de una fuerza especial contra el crimen, equiparaba la inmigración no autorizada con delitos como el narcotráfico. “El presidente parece que continúa con su retórica antiinmigrante que abrazó durante su campaña”, explicó a este diario Angélica Cházaro, experta en leyes de inmigración y refugiados de la Universidad de Washington.
Una colega del mismo centro, Mary D. Fan, apuntó que “la clasificación de la inmigración indocumentada junto al crimen violento es una escalada de la retórica. El fenómeno de tratar la inmigración como un crimen ha engendrado el tema ‘crinmigración’ para reflejar el creciente cruce entre leyes de inmigración civiles y criminales”.
La potenciación de los registros de documentación seguirá. “Las dos órdenes invitan a los oficiales de las fuerzas de seguridad en EU —ya sea policía local o agentes federales de inmigración— a etiquetar a los inmigrantes como criminales, y centrarse en ellos para arrestarles, detenerles y deportarles”, aseguró Cházaro.
De ser así, los objetivos serán las principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas, donde hay más opciones de encontrar inmigrantes no autorizados. Un estudio reciente de Pew
Research Center aseguraba que 60% de los indocumentados están concentrados en sólo 20 áreas metropolitanas del país: principalmente California, la costa este, Texas, Florida, Chicago y Atlanta.
