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Ramón Fonseca y Jurgen Mossack siguen unidos, como durante el escándalo de los Panama Papers. Los fundadores y cerebros del Grupo Mossack Fonseca, empresa mundial instalada en Panamá que en abril de 2016 fue identificada como el más importante nido global de negocios con registro internacional de sociedades anónimas en paraísos fiscales para evadir impuestos, pasaron la noche del jueves y la madrugada del viernes en celdas policiales panameñas, en el inicio de un proceso en su contra por “blanqueo” de dinero por un supuesto nexo con la operación Lava Jato, la más grave y profunda plataforma de corrupción en Brasil.
De manera conexa aunque tampoco está directamente ligada a las denuncias contra los dos socios, surgió la corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en Lava Jato.
Fonseca aseguró en su cuenta de Twitter que “no tenemos nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato”, replicó que “nos quieren usar de chivos expiatorios y cortina de humo” y acusó que “la investigación dirigida solo a nosotros, que nunca tuvimos relación directa con nadie, deja mucho que pensar”.
La Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado de Panamá ordenó la noche de este jueves la detención de Mossack y Fonseca, en una indagatoria que prosigue este viernes en dependencias judiciales de la capital panameña. Los dos fueron llevados a calabozos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en un suburbio de esa ciudad, tras ser obligados por el Ministerio Público de Panamá a comparecer desde la tarde del jueves ante la instancia fiscal por el vínculo Mossack Fonseca—Lava Jato.
“Lavado”. La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, explicó que ambos son indagados por “delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales” en el entarimado de Lava Jato.
Las investigaciones sobre la “presunta relación” del Grupo “con la comisión de delitos” en Brasil por el caso Lava Jato, aportaron información que “identifica a la firma panameña (Mossack Fonseca) presuntamente, como una organización criminal que se dedica a ocultar activos (dineros) de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada”, dijo Porcell.
Al describir detalles de la complicada trama, la procuradora reveló que “se ha identificado que, presuntamente, los servicios ofrecidos por la firma de abogados panameña giraba instrucciones a la encargada en el país sureño (Brasil) para ocultar documentos, eliminar evidencias de los implicados en la actividad ilícita precedente, relacionada con el caso Lava Jato”.
“En palabras sencillas: el dinero proveniente del soborno circula por distintas sociedades para regresar blanqueado o lavado a Panamá”, acusó.
“Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos” en Brasil por Lava Jato, por lo que se formularon cargos contra cuatro funcionarios de Mossack Fonseca, entre ellos Fonseca y Mossack, puntualizó.
El proceso tiene la peculiaridad de que es la convergencia de tres casos:
*Los Panama Papers, la trama construida durante mucho tiempo por el Grupo con operaciones en los cinco continentes mediante sociedades internacionales para que políticos, empresarios, empresas y multiplicidad de personajes pudieran brincarse los controles tributarios para perderle el rastro a ganancias y negocios en paraísos fiscales. El entarimado fue descubierto el año anterior.
*La operación Lava Jato, una gigantesca maniobra política, financiera y tributaria que está considerada como una de las más grandes para el blanqueo de dinero y la corrupción en Brasil.
*El escándalo Odebrecht, compañía acusada de pagar millonarios sobornos a influyentes políticos latinoamericanos y caribeños para obtener favores y privilegios y ganar contratos de obras de infraestructura. El Departamento de Justicia de EU aseguró a finales de diciembre de 2016 que Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
CISMA POLÍTICO
La indagatoria en torno al Mossack Fonseca, que este jueves provocó un cisma político en Panamá, se hizo en coordinación con las fiscalías generales de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Suiza y Estados Unidos, aseguró. “Llevamos más de un año sosteniendo conversaciones, visitas y desarrollando acuerdos de colaboración con estos países, bajo un propósito común: La lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada”, contó.
Al llegar la tarde del jueves a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá para atender el llamado a comparecer por su presunto involucramiento en Lava Jato, Fonseca lanzó ante medios panameños de prensa un fuerte ataque al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Fonseca fue un estrecho socio político de Varela, ya que ambos militan en el oficialista Partido Panameñista y el ahora cuestionado empresario fue miembro del gabinete presidencial de 2014 a 2016.
Fonseca, ex presidente del Panameñista, denunció que Varela admitió en su presencia haber recibido “donaciones de Odebrecht” para la campaña electoral que en 2014 le permitió obtener la presidencia de Panamá.
El mismo jueves, Varela desestimó las acusaciones de su ex aliado, “Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son soborno”, afirmó, al aducir que “ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país”.
Porcell aclaró que el tema Odebrecht está fuera de la pesquisa sobre Mossack y Fonseca. Por el momento, y en un proceso paralelo, se indagan los sobornos que Odebrecht habría pagado en Panamá por unos 59 millones de dólares.
Sin embargo, Fonseca lanzó una carga de profundidad frente a la prensa: los contratos ganados por Odebrecht en Panamá suman unos 9 mil millones de dólares, por lo que los pagos de “comisiones” tuvieron que superar los mil millones de dólares.
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