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Honduras, uno de los principales generadores de migración a Estados Unidos vía México, recibió el primer desembolso que Washington otorga a Centroamérica para cerrar la puerta al flujo irregular de centroamericanos a suelo estadounidense, con un plan que busca atacar la inseguridad pública y la violencia, robustecer la educación, generar fuentes de trabajo y modernizar la infraestructura.
El desembolso es por 124.1 millones de dólares como parte del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, aprobado en la segunda administración de Barack Obama (2013-2017) para que Guatemala, El Salvador y Honduras contengan la masiva migración ilegal de sus ciudadanos a EU. La contraparte de la Casa Blanca es de unos mil 500 millones de dólares para las tres naciones que forman ese bloque regional.
El dinero tampoco ingresará a las arcas estatales de Honduras, porque será administrado por la embajada de EU y por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), una de las principales dependencias federales estadounidenses de cooperación externa.
“Los fondos van destinados al incremento de la seguridad ciudadana, con 47 millones [de dólares], combate a la pobreza de manera sostenible, con 63 millones, y el tema de transparencia, con 14.1 millones”, dijo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández el pasado lunes.
El plan contempla en los tres países una serie de iniciativas de combate a la migración, como garantizar el acceso de jóvenes al sistema educativo para prevenir que migren de manera irregular y combatir los principales problemas de inseguridad y violencia con reforzamiento de los aparatos judiciales, la administración penitenciaria y formación policial, entre otros. Hay proyectos para modernizar la infraestructura fronteriza y vial.
Desde que a mediados de 2014 en la frontera entre México y EU estalló una crisis con menores migrantes sin compañía procedentes del Triángulo, Obama impulsó con Guatemala, El Salvador y Honduras diversos programas para evitar la migración irregular a EU y atacar las causas que la originan: pobreza, inseguridad, violencia y falta de fuentes de empleo.
Datos oficiales de esas naciones mostraron que en EU viven, legal e ilegalmente, casi 7 millones de centroamericanos: 3.5 millones de guatemaltecos, unos 2.8 millones de salvadoreños y una cifra indeterminada de hondureños, así como nicaragüenses, costarricenses, panameños y beliceños en colonias menos numerosas.
Convenio. En este contexto de inquietud regional por la política del nuevo presidente de EU, Donald Trump, para reprimir la migración irregular de centroamericanos y construir un muro en la frontera con México, el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras y la Pastoral de Movilidad Humana, organización internacional no gubernamental, firmaron el lunes en Tegucigalpa un convenio para “fomentar y estimular la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes”.
El convenio busca “garantizar los derechos humanos a los retornados de México y EU, a los retornados con discapacidad sea con doble o triple mutilación y los que traen lesión medular”, dijo la monja brasileña Lidia Mara Silva de Souza, representante legal de la Pastoral.
