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El Senado de California analizó hoy tres nuevas medidas para ofrecer servicios legales gratuitos a quienes enfrentan la deportación y evitar que se usen recursos estatales o locales para hacer cumplir leyes de inmigración, en un paso más en su enfrentamiento contra el Gobierno de Donald Trump.
La SB54 presentada hoy ante el Comité de Seguridad Pública por el presidente encargado del Senado, el demócrata Kevin de León, prohíbe a los funcionarios públicos la utilización de recursos estatales y locales, incluyendo personal contratado, para hacer cumplir leyes de inmigración.
La medida, denominada "Ley de Valores de California", busca que los recursos de California y sus localidades, "no sean usados para impulsar deportaciones masivas, separar familias y a la larga maltratar la economía de California".
"Necesitamos una nueva política para evitar que los fondos del estado se destinen a separar a las madres de sus hijos y a los hijos de sus madres", dijo hoy De León al defender su iniciativa ante el comité.
"Mi propuesta busca asegurar que los fondos estatales y locales en California se dediquen para defender a los residentes de California y no para realizar el trabajo del Gobierno federal", detalló De León.
De su parte, el concejal de Santa Ana, el demócrata Sal Tinajero, agregó en defensa de la iniciativa que "utilizar a las autoridades locales para implementar leyes de inmigración previene a la comunidad para denunciar delitos o colaborar con las autoridades".
El senador republicano de Temécula, Jeff Stone, destacó que aunque la gran mayoría, el 99 % o más, de los inmigrantes son gente honesta y trabajadora hay "una mínima porción de ellos que son delincuentes peligrosos".
Por ello, Stone pidió que se incluyera en la propuesta un apartado para que estos delincuentes sean deportados del país y se evite que puedan regresar a la comunidad.
No obstante, la presidente del comité, la demócrata Nancy Skinner, aseguró que "no es necesario" incluir nada al respecto en la medida presentada por de León.
"No hay nada en esta medida que prohíba la comunicación entre autoridades federales y locales", argumentó Skinner.
La SB54 fue aprobada por mayoría en el comité y ahora continúa su trámite.
Otra medida analizada hoy es la SB31, del demócrata Ricardo Lara, que prohíbe a las agencias locales o estatales compartir con las autoridades federales "información personal identificable", con relación a las creencias o afiliaciones religiosas de las personas, al igual que su país de origen o su etnia.
El senador hispano señaló que "hay una gran incertidumbre por lo que está ocurriendo con el presidente Trump y sus órdenes ejecutivas", y aseguró que compartir este tipo de información va en contra de la constitución.
"Hoy estamos debatiendo realmente lo que significa un banco (de datos) de personas de varias religiones o razas étnicas, que no sólo es contra la constitución sino que es inmoral", dijo Lara en una declaración enviada Efe.
"Esta ley que presento dice que el estado no puede colectar datos sobre la religión de las personas para mandársela al Gobierno federal, porque eso es contra la constitución", agregó Lara.
Igualmente durante la sesión de hoy se estudió la iniciativa SB6 del senador demócrata Ben Hueso, que ordena al Departamento de Servicios Sociales de California que contrate servicios legales, para ofrecerlos "a los individuos en proceso de remoción que de otra manera no recibirían representación legal".
"En California, 68 % de los inmigrantes detenidos no tienen la representación legal de un abogado, a pesar de que aquellos que tienen defensores legales son cinco veces más propensos a ganar sus casos de deportación", aseguró Hueso en una declaración.
"El miedo en nuestras comunidades ha alcanzado un máximo histórico luego de las elecciones de noviembre y California debe proteger el debido derecho al debido proceso de nuestro residentes en éstos procedimientos de vida o muerte", argumentó el legislador.
Se espera que tanto la SB31 como la SB6 sean aprobadas hoy por el Comité Judicial del Senado para seguir su trámite procedimental.
California, según el Centro de Investigación Pew, es el estado del país con la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados que llegan a 2,4 millones equivalentes a cerca del 6,3 % del total de su población.
lsm
