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Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se topó ayer con un muro. Legisladores demócratas, gobernadores y activistas sociales rechazaron las acciones ejecutivas firmadas por el mandatario que autorizan la construcción de un muro en la frontera con México, acelerar la deportación de migrantes ilegales y recortar recursos a las llamadas ciudades santuario, entre otras medidas.
El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, aseguró que su ciudad seguirá protegiendo a inmigrantes sin documentos. “Esta orden no puede cambiar lo que somos: una ciudad de inmigrantes”, dijo De Blasio en español durante una rueda de prensa en la que estuvo rodeado de activistas latinos y el congresista Joseph Crowley.
“Protegeremos a todo el mundo, independientemente de dónde venga e independientemente de su estatus migratorio”, se comprometió. Nueva York es una de las “ciudades santuario”, lo que significa que su gobierno se rehúsa a cooperar con autoridades migratorias para identificar y detener a inmigrantes sin documentos.
Las autoridades municipales indicaron que los fondos federales que podrían quedar bloqueados serían entre 150 y 160 millones que en su mayoría irían al departamento de policía.
Legisladores demócratas también condenaron las acciones ejecutivas del presidente. Luis Gutiérrez, congresista demócrata por Illinois, aseguró que las ciudades gobernadas por los demócratas no van a ser cómplices del magnate y no le harán “el trabajo asqueroso y sucio de destruir familias”.
“No vamos a cooperar con Donald Trump, aunque diga que nos va a quitar fondos”, aseveró Gutiérrez, quien tachó la medida de “chantaje”.
“Construir ese muro es una falta de respeto a la dignidad de Estados Unidos”, dijo sobre la construcción que planea el presidente en la frontera con México. Michelle Luján-Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), dijo que el gobierno busca crear “una fuerza de deportación masiva”.
Señalamientos similares pronunciaron el congresista por Texas, Joaquín Castro; el legislador por California, Tony Cárdenas; el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, y la senadora por Nevada, Catherine Cortez-Masto.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Margaret Huang, dijo: “Lucharemos contra este peligroso movimiento con todo lo que tenemos. Este muro diría que los de otro lado de Estados Unidos, especialmente de América Latina, deben ser temidos y rechazados, eso está mal”.
Activistas salen a las calles. Las organizaciones hispanas más importantes de EU expresaron su condena por las acciones ejecutivas firmadas por el presiente y aseguraron que tienen pensado presionar a los alcaldes y a los miembros del Congreso.
“Vamos a tomar acciones de desobediencia civil, manifestaciones y registro de votantes hispanos, pero también vamos a contactar a la gente del gobierno de Trump”, dijo Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
Wilkes aseguró que varias organizaciones han transmitido su preocupación a los asesores hispanos de Trump por las medidas aprobadas y mantienen contacto con el Consejo Asesor Hispano del presidente.
“Esas órdenes van a construir un muro de intolerancia que no va a solucionar nada en inmigración. Va a hacerlo todo más difícil y hará más difícil que tengamos un sistema migratorio que funcione para todos”, consideró la presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía.
El director de la Coalición de las Comunidades del Sur, Christian Ramírez, alertó: “Los niños podrán ser detenidos de camino a la escuela, los padres de camino al trabajo, las familias en su ruta al médico”.
Las medidas migratorias anunciadas ayer son la primera parte de una serie sobre seguridad nacional entre las que se incluye la reducción del número de refugiados que pueden entrar en EU y el bloqueo temporal de aquellos que soliciten asilo y provengan de naciones “propensas al terrorismo”, lo cual afectaría a los inmigrantes de países como Siria, Libia, Irán, Irak y Sudán. Ante este escenario, la comunidad musulmana en EU también anunció protestas.
