El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó ayer que ordenará una “gran investigación” sobre el “fraude electoral” que, según ha denunciado sin dar pruebas hasta el momento, se cometió en las elecciones de noviembre, y defendió las técnicas de interrogatorio consideradas tortura porque, dijo, “funcionan”.
Trump, quien afirma que perdió el voto popular en los comicios ante su rival, Hillary Clinton, porque hubo entre 3 y 5 millones de votos ilegales, dijo que tomará medidas a partir de los resultados que arrojen las pesquisas y que afectarán a los que se empadronan para votar en más de un estado, “los que son ilegales e incluso los empadronados que están muertos [y muchos desde hace mucho tiempo]. De acuerdo con los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación”, añadió.
Los abogados de Trump desestimaron las denuncias de fraude electoral en un documento legal en respuesta a la candidata del Partido Verde, Jill Stein, quien reclamó un recuento de votos en Michigan a fines del año pasado. “Todas las pruebas disponibles indican que las elecciones generales de 2016 no fueron alteradas por fraude ni error”, dijeron.
El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) aseguró que las acusaciones de Trump son una maniobra de distracción para que no se hable de la injerencia rusa en los mismos. “Todo el mundo sabe que no hubo fraude electoral”, afirmó el DNC en un comunicado.
Por otra parte, Trump dijo en entrevista con ABC News que sus jefes de inteligencia consideran que prácticas como el “ahogamiento simulado” —a las que su antecesor Barack Obama puso fin— pueden dar resultados en la lucha contra el terrorismo extremista, y no descartó volver a utilizarlas.
“He hablado con personas en lo más alto de la cúpula de inteligencia y les he preguntado si la tortura funciona y la respuesta fue sí”, subrayó. “Quiero mantener al país seguro”, argumentó, pero dijo que tendrá en cuenta lo que le digan el secretario de Defensa, James Mattis, y el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.
En este contexto, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desmintió que planee revisar las políticas para interrogar a sospechosos de terrorismo, lo que podría allanar el camino a la utilización de los controvertidos centros clandestinos de detención de la CIA.
“No tengo idea de dónde salió o dónde se originó, pero no es un documento de la Casa Blanca, dijo, luego de que medios como The New York Times y The Washington Post publicaran un borrador de una supuesta orden ejecutiva en ese sentido.
