Río de Janeiro.— La crisis del sistema penitenciario brasileño es “una tragedia anunciada” y refleja “el desastre de la situación carcelaria” del país, según denunció ayer Human Rights Watch (HRW), que insistió también en lamentar las consecuencias de la violencia policial.
“Entrar en una prisión brasileña es una vuelta en el tiempo, volver a la Edad Media, con celdas oscuras, sin ventilaciones, insalubres y donde la proliferación de enfermedades es fácil, como la tuberculosis”, además de los problemas de alimentación y falta de agua, afirmó César Muñoz, investigador de HRW, durante la presentación del capítulo brasileño del informe anual de la organización.
Los problemas del sistema penitenciario brasileño quedaron expuestos en los primeros días de 2017, cuando varias reyertas entre facciones rivales dejaron más de 100 muertos en cárceles del norte del país. “La obligación del Estado es cuidar las personas bajo su custodia, separar a los presos”, algo que no se produce actualmente en Brasil, lamentó.
La directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, criticó la Ley de Drogas que rige en el país, aprobada en 2006, que endureció las penas para traficantes y supuestamente las ablandó para usuarios, aunque abrió lagunas que permiten a los jueces aplicar criterios subjetivos y han multiplicado la población carcelaria.
Según el informe, mientras que en 2005 apenas 9% de los presos en Brasil fue condenado por drogas, en 2014 la cifra subió hasta 28% porque la falta de claridad en la ley provoca que muchos usuarios hayan sido condenados como si fuesen traficantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer la muerte de reclusos en Brasil, e instó al Estado brasileño a “investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos” y a sancionar a los responsables. A la vez, urgió al gobierno a tomar medidas concretas como “desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos”, así como “prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles”. Reiteró que los Estados deben tomar medidas para reducir el hacinamiento.
