Bogotá.— El caso de Yuliana Andrea Samboní, una niña de 7 años que fue secuestrada, violada y asesinada, h a generado conmoción en todos los sectores de la sociedad colombiana.
El presunto asesino, identificado como Rafael Uribe Noguera —un arquitecto de 38 años, miembro de una adinerada familia de la capital colombiana— fue trasladado ayer de la clínica donde se internó el domingo, día del crimen, por una supuesta “crisis”, a los juzgados, donde debía rendir declaración, en una tanqueta debido a los tumultos causados en la zona por cientos de ciudadanos que reclamaban justicia.
Según las investigaciones, el presunto asesino raptó a la niña, de ascendencia indígena, el domingo en el Bosque Calderón Tejada, un sector de clase acomodada de Bogotá. Después la condujo a un exclusivo apartamento, donde murió estrangulada tras ser violada, según informó el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la escena del crimen fue manipulada —el cuerpo de la menor fue lavado para borrar rastros de sangre y su ropa fue arrojada por el sanitario —y ordenó llevar ante la Justicia a quienes intentan obstruir las indagatorias. La fiscalía llamó a interrogatorio además a dos hermanos de Uribe Noguera.
El presidente Juan Manuel Santos condenó el asesinato. “A sus familiares, nuestras condolencias: los tenemos en nuestros corazones”, dijo. Acto seguido, exigió “que recaiga sobre el responsable la más pronta y la más severa justicia (…) que nos enluta y entristece”.
Ayer se llevó a cabo una jornada de protesta para exigir justicia. Participaron cientos de ciudadanos y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Cristina Plazas Michelsen. La funcionaria llamó al Congreso para que se condene este tipo de crímenes con cadena perpetua. “No queremos que los violadores estén en la calle, en nuestros vecindarios, poniendo en riesgo la vida de nuestras niñas”, expresó.