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La Justicia argentina dictó ayer el embargo de los bienes de la herencia del fallecido ex presidente Néstor Kirchner que pertenecen a los dos hijos que tuvo con la también ex mandataria Cristina Fernández, en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la firma Hotesur.
El juez federal Julián Ercolini embargó a Máximo y a Florencia Kirchner 16 inmuebles, entre los que se encuentran los hoteles Alto Calafate y La Aldea, que integraban la herencia del fallecido ex mandatario, así como la parte de esa sucesión que había sido cedida por Fernández a sus hijos en marzo pasado.
El embargo responde a una petición realizada la pasada semana por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de Hotesur, propiedad de la familia.
Según informó la agencia estatal Télam, Ercolini dispuso también el decomiso de un vehículo y de la participación societaria de los hijos en las empresas Los Sauces, Hotesur y Coma S.A., valorada en 13.7 millones de pesos (850 mil dólares).
En su solicitud, Pollicita y Mahiques consideraron que existen “sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia”, de modo que el embargo preventivo permitirá “resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados”.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada Margarita Stolbizer, quien acusó a la Cristina Fernández y a otros altos cargos de su gobierno de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Aseguraba que el Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento “fantasma” usado por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.
El expediente busca determinar si la ex pareja presidencial y sus hijos fueron beneficiarios de los pagos de empresarios adjudicatarios de obra pública “favorecidos” por el Estado.
En julio pasado la Justicia dispuso el embargo de 4.66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad de Florencia, así como 1.03 millones de una cuenta bancaria y 53 mil 280 pesos (unos 3 mil 300 dólares) de otra, un dinero que la joven dijo que eran de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
