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Venezuela sufrió en 2016 la continuación de una de las más graves crisis institucionales registradas en América Latina y el Caribe en el siglo XXI y entrará a 2017 sumida en el recrudecimiento de las agudas tensiones con las fuerzas opositoras, con dos palabras—acelerado deterioro—en el futuro inmediato por la prolongación indefinida de una intensa zozobra política, económica y social.
Otras palabras que dominaron el panorama venezolano en 2016—referendo revocatorio, diálogo político, escasez, crisis socioeconómica, devaluación, guerra económica, represión, protesta, presos políticos, chavismo y antichavismo—predominarán también en 2017.
2016 concluirá con tres hechos esenciales: la vía para un referendo que revoque o confirme en su cargo al presidente Nicolás Maduro está cerrada, el diálogo gobierno—oposición sin resultados en casi dos meses de esporádicos contactos que vislumbren una salida negociada y la crisis socioeconómica que se profundiza a diario con escasez de alimentos, medicinas y artículos de consumo básico, incontrolable devaluación, inflación cercana al 800% y descomposición general productiva, comercial y financiera.
Pese a los augurios pesimistas, marcados por vaticinios de que la crisis se complicará (inflación del 2 mil 200% en 2017, según el Fondo Monetario Internacional), Maduro pronosticó ayer que 2017 y 2018 serán de expansión económica, política y social.
En 2016 “hemos salidos victoriosos en todos los campos” con una estrategia “correcta y exitosa”, porque “las formulas de la revolución han permitido atenuar los daños catastróficos que vaticinaban” los opositores, replicó.
El chavismo achaca los problemas a una “guerra económica” que la “mafia” derechista opositora, en conspiración con el gobierno de Estados Unidos, lanzó contra la revolución para desestabilizar al país y derribar los logros socioeconómicos y políticos socialistas. Washington rechaza los cargos y la oposición aduce que los conflictos son por erróneas políticas del chavismo.
¿Clausura legislativa? El calendario político volverá a apuntar en los primeros días del próximo año a la Asamblea Nacional (AN), foco de disputas entre el chavismo, instalado en 1999 con la revolución socialista prometida por Hugo Chávez, fallecido en 2013, y el antichavismo, que se resiste a permitir que Venezuela se convierta en una nueva versión del sistema comunista de partido único que impera en Cuba.
Dominada desde el 5 de enero pasado por la oposición antichavista, que ganó unos comicios legislativos en diciembre de 2015, la Asamblea se enfrenta al riesgo de ser disuelta, por la ruta del Tribunal Supremo de Justicia—controlado por el chavismo—o por otro camino, para concretar las amenazas lanzadas este mes por jerarcas del régimen de neutralizar al parlamento.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió el pasado martes que “cualquier interferencia” de los poderes Ejecutivo y Judicial en la AN será un “desconocimiento absoluto” de principios esenciales democráticos, como separación e independencia de poderes. Si se ignora “la legitimidad” que el pueblo confirió a la AN, “se estaría consagrando un paso más en la consolidación de un régimen autoritario”, alertó Almagro.
El diputado opositor Henry Ramos, presidente de la AN, alegó que pese a las amenazas, la Asamblea “seguirá cumpliendo a cabalidad sus funciones” y acusó que el chavismo es un “fracaso total. Destruyeron y saquearon a Venezuela. Hambrearon al pueblo”.
